Para ello, expertos del sector ya están dibujando la estrategia de cara al Tribunal Constitucional, admitiendo que si bien puede ser la última opción del sector para frenar algunos puntos del proyecto, ésta también conlleva riesgos que puede hacerlos desistir.
.- Nomas anti elusión y renta atribuida
Si bien en la Alianza subrayan que la constitucionalidad de ciertos puntos específicos -como el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar- es discutible, admiten que el contenido del eventual requerimiento debe incluir dos aspectos fundamentales: las normas anti elusión y la renta atribuida, que hoy está en medio de la discusión.
Mientras en el primero, se vulnerarían principios de legalidad tributaria, del debido proceso y de tipicidad, entre otros; en el segundo -al cambiar la base de tributación de “percibida” a “atribuida”- se estaría, según LyD, ante “una clara intromisión a la autonomía de la voluntad de los contratantes, quiénes se ven afectados por la prescindencia que el SII puede hacer de su voluntad”.
“ Ambos puntos son los que más se repiten entre nuestros expertos. Sin embargo, el contenido del requerimiento será una decisión política. Algunos no somos partidarios de que todo lo que tenga un esbozo de inconstitucionalidad sea incluido, pero esa es una determinación que aún no se ha adoptado”, advierte Arturo Squella, diputado UDI y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara.
.- Esperar las indicaciones del Ejecutivo en el Senado
Si bien está permitido acudir al TC antes de la aprobación de la ley - es decir, nada impide que mañana mismo se inicie el trámite-, algunas voces han advertido del riesgo que implica hacerlo de manera prematura. En ese sentido, hay consenso en esperar los movimientos del Ejecutivo en la Cámara Alta y, eventualmente, la primera votación en la Comisión de Hacienda. Ya que aún, dicen, hay margen para desistir.
“Hay que elegir muy bien las batallas que se darán en el TC. La Alianza no puede ir con todos los proyectos. Si el Gobierno modifica la reforma tributaria o deja espacio para la discusión en el Senado, quizás sea mejor dejar este camino para la reforma educacional”, asegura el constitucionalista Máximo Pavez, quien está asesorando al sector desde la Fundación Jaime Guzmán.
.- El antecedente del fallo por la TV Digital
Si bien la naturaleza de la norma anticipa una decisión complejo, lo cierto es que en la Alianza ya han empezado a sacar cuentas sobre cómo podría votar cada uno de los diez ministros del tribunal. Para ello, citan la última de las grandes controversias: el fallo que desestimó el requerimiento contra el acuerdo de la Cámara de Diputados que cercenó parte del veto enviado por el Presidente Piñera al proyecto de TV Digital y que reveló 6 a 4 las preferencias. En esa ocasión, el TC no solo fue “pro Congreso” sino que quebró el equilibrio político con el comentado voto de Raúl Bertelsen –jurista ligado a la derecha- que inclinó la balanza en contra de la actual oposición.
Y este escenario puede ser aún más desfavorable teniendo en cuenta que en agosto cambia la presidencia del organismo. Es decir, el voto dirimente pasará de manos de Marisol Peña –ligada a sectores conservadores- a las de Carlos Camona, jefe de la División Jurídica de la Segpres durante tres gobiernos concertacionistas.
.- ¿Se arriesgará el Tribunal a frenar un proyecto emblemático?
A final esa es la gran pregunta que corre entre los juristas de la Alianza. Si eventualmente el TC decide frenar el proyecto -o partes sustantivas- por inconstitucional, el varapalo para el Ejecutivo sería considerable y de gran calado. Además, advierten, eso daría municiones más que suficientes a quienes, desde la vereda de la Reforma Constitucional, han denunciado que el TC se ha transformado en una tercera cámara legislativa.
“Echar abajo el corazón de la reforma es muy delicado cuando estamos en la antesala de la reforma constitucional y está en tela de juicio el mismo tribunal. Pero basándonos en sentencias anteriores del mismo TC, es muy poco probable que no nos encuentren la razón en ciertos aspectos como en la norma general anti elusión“, afirma Squella.
A lo cual Teodoro Ribera, ex ministro de Justicia y constitucionalista de RN, agrega: “el tribunal debe respetar la capacidad arquitectónica del mundo político, pero eso no implica esperar un control laxo o inhibiciones”.
.- El fantasma de la judicialización de las Isapres
Si el TC decidiera rechazar el recurso de la Alianza, desde el sector advierten que este capítulo podría no terminar ahí. Y citan el ejemplo de las Isapres y los cientos de miles de recursos de protección que deben afrontar año a año. Es decir, al igual que los afiliados a los seguros de salud, y una vez que la reforma sea ley, en el sector dan por hecho que contribuyentes acudirán a tribunales denunciando vulneración a ciertas garantías o inconstitucionalidad en un caso particular. El litigio caso a caso estaría servido o, como dice el documento "Las aristas de inconstitucionaliad abre la Reforma Tributaria" de LyD, “la actitud impositiva de Hacienda puede tener efectos sistémico productos de la judicialización”.
