Rossi: "Lo importante es que la Nueva Mayoría defina si el objetivo es poner fin al lucro"

El parlamentario adelantó que la figura del arriendo "seguramente se repondrá" en el Senado, y detalló que el arriendo entre partes relacionadas será uno de los principales puntos de discusión.

Crédito: Agencia Uno
Fulvio Rossi

Luego de que la Cámara de Diputados despachara el proyecto de ley que pone fin al lucro el copago y la selección en la educación, el senador Fulvio Rossi (PS) adelanta que una de las principales dificultades que enfrentará la iniciativa en el Senado será la discusión de la posibilidad del arriendo entre partes relacionadas.

Ayer, la indicación que permitía que los sostenedores arrendaran establecimientos educacionales en caso de que no fueran dueños de los recintos, a personas no relacionadas, fue rechazada. Lo que, a juicio del parlamentario, será repuesta, según adelantó al diario La Tercera.

"En la fórmula para que un sostenedor adquiera el establecimiento, seguramente va a haber debate respecto del precio. Y el arriendo seguramente se repondrá. Creo que el nudo de mayor discusión será la posibilidad de arriendo entre partes relacionadas con fines de lucro", aseguró.

Consultado cómo se destrabará ese punto, explicó que "ahí lo importante es que la Nueva Mayoría defina si nuestro objetivo de verdad es poner fin al lucro. Creo que no se debe permitir el arriendo entre partes relacionadas, salvo cuando quien arrienda es una persona de derecho público, como un municipio, o es una institución sin fines de lucro".

Al respecto, insistió que "me parecía razonable que hubiese arriendo entre partes relacionadas, si no tienen fines de lucro, y también razonable la fórmula que planteaba el gobierno de arriendo entre partes no relacionadas. Creo que era una fórmula eficiente para prohibir el lucro".

Sobre la indicación que planteaba sancionar con cárcel el lucro, y cuya votación dividió a la Nueva Mayoría, sostuvo que "no me gusta la cárcel para todos, pero el sancionar penalmente el lucro es coherente con el hecho de que un funcionario público que malversa fondos públicos puede tener sanción penal con cárcel".

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