Por Sandra Radic
Hoy el Senado votará en general el proyecto de ley de Reforma Tributaria. Eso implica que los 38 senadores deberán aprobar o rechazar la idea de legislar esta iniciativa. Este es uno de los momentos claves por los cuales pasa toda iniciativa, puesto que la Cámara Alta vota a favor o en contra de su tramitación.
En el caso de este proyecto lo más seguro es que cuente con una amplia mayoría de gobierno y de oposición, tras el protocolo de entendimiento en la comisión de Hacienda del Senado que reunió las firmas de Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Andrés Zaldívar (DC), Ricardo Lagos (PPD) y Carlos Montes (PS).
¿Quiénes firmaron el protocolo de entendimiento sobre Reforma Tributaria?
Lo suscribieron los cinco senadores de la Comisión de Hacienda en representación de sus partidos por lo que se trata de un acuerdo político. Sin embargo, para que éste se produjera se llevó a cabo una negociación que se inició a comienzos de junio entre técnicos designados por Renovación Nacional (RN), comandados por el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y el equipo de Hacienda, liderados por el ministro Alberto Arenas, el subsecretario Alejandro Micco y diversos asesores.
Paralelamente, la UDI se mantuvo observando el proceso hasta que se convenció de que el acuerdo era posible y que se había desactivado la opción de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. -
¿Si se negoció por fuera, cuál fue la función que cumplió la comisión de Hacienda del Senado?
Paralelamente a la negociación entre Hacienda y RN, la comisión de Hacienda del Senado realizó un ciclo de audiencias –alrededor de 90- que sirvió para que los diversos sectores gremiales, técnicos y ex autoridades de gobierno hicieran ver sus argumentos a favor o en contra de la iniciativa.
El resultado de este foro fue que se levantaron dudas razonables sobre la viabilidad del proyecto de Reforma Tributaria tal como estaba planteado por Hacienda.
¿Por qué el gobierno decidió negociar con la derecha, pese a que tenía los votos para aprobar el proyecto de ley en el Senado?
Hay varias razones que el Gobierno evaluó al minuto de abrirse a una negociación en junio y que fueron tomando más peso a medida que se analizaban los efectos de la reforma Tributaria sobre la economía en el Senado. En primer lugar, el impacto que una reforma estructural como la propuesta estaba teniendo sobre la economía y que podría afectar el crecimiento futuro. Sin crecimiento, por más que se elevaran los impuestos, no se cumpliría la meta de recaudar US$ 8.200 millones a partir de 2018.
En segundo lugar, un cambio de sistema desde renta percibida a renta atribuida, sumado a un alza de impuestos relevante, necesitaba de un apoyo político más amplio que la simple suma de votos de la Nueva Mayoría. De otra manera, se corría el peligro de que la crítica al nuevo esquema tributario se eternizara por los cuatro años de gobierno y que en las próximas elecciones se levantara la bandera del cambio impositivo nuevamente.
En tercer lugar, si el ministerio de Hacienda forzaba la aprobación de la Reforma Tributaria en su versión original, se dificultaba la aprobación de las otras reformas que el gobierno tiene en carpeta y que son la razón de allegar más recursos por la vía tributaria: mayor gasto en educación y salud.
En cuarto lugar, lo más probable es que si la derecha no encontraba un espacio donde sus argumentos fueran escuchados, iría al Tribunal Constitucional alegando visos de ilegalidad en tres puntos importantes: renta atribuida, retención del 10% de las utilidades y mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos. Si esto sucedía, no había certeza de que el proyecto finalmente fuera promulgado.
En quinto lugar, el argumento de que la Reforma Tributaria afectaría a la clase media y al empleo comenzó a verse reflejado en un descenso en el nivel de apoyo que se vio reflejado en las encuestas. Y por último, el gobierno encontró un espacio para abrirse a la negociación con la oposición desde el minuto en que ésta accedió a subir impuestos por US$ 8.200 millones, a eliminar el Fondo de Utilidades Tributables y a terminar con ciertas fórmulas que estimulan la evasión y la elusión.
¿Por qué la derecha optó por negociar si el proyecto supone un alza de impuestos importante para las empresas y para las personas de altos ingresos?
En primer lugar, porque no tenía los votos necesarios para botar el proyecto de reforma tributaria, así que la opción menos mala era negociar mejoras a la iniciativa, la que fue revisada casi íntegramente. En segundo lugar, porque el gobierno al abrirse a que la renta atribuida fuera voluntaria y no obligatoria, al terminar con la retención del 10% sobre las utilidades, y al acotar las atribuciones de fiscalización del SII, echaba por tierra todos los argumentos de inconstitucionalidad.
En tercer lugar, porque cabía la posibilidad de arreglar un proyecto de ley que no les gustaba y levantar a algunos dirigentes como interlocutores válidos para las reformas que vienen, principalmente la de educación, pensiones y laboral. Por ejemplo, Andrés Allamand quedó bien situado desde esta perspectiva; y Juan Antonio Coloma, en menor medida.
¿Quiénes quedaron fuera del acuerdo político?
El ex presidente Sebastián Piñera y sus asesores quedaron políticamente aislados al erigirse como los grandes opositores a la iniciativa. Obviamente también hay sectores tanto en la Nueva Mayoría como en la derecha que habrían preferido extremar las posiciones, pero no aparecer claudicando en sus convicciones.
En tanto que el movimiento Amplitud –liderado por la senadora Lily Pérez- no participó en la negociación ni el movimiento PRO de Marco Enríquez Ominami que no tiene representación en el Congreso y tampoco participó en las audiencias de la Comisión de Hacienda del Senado.
¿Qué cambios se introdujeron al proyecto original?
Prácticamente, no quedaron puntos sin ser revisados del proyecto. Lo relevante para el ministerio de Hacienda es que existe la voluntad de recaudar US$ 8.200 millones, de eliminar el FUT y que los que ganen más, paguen más impuestos.
Asimismo, quedó diseñada una política que beneficia a las pequeñas y medianas empresas, a través del 14 TER Pyme y se finalizan otros mecanismos que facilitaban la elusión. También hay mayores incentivos al ahorro y la inversión.
Respecto a la forma de pagar impuestos, los contribuyentes podrán elegir entre dos sistemas: el atribuido (que es un esquema nuevo) o el percibido (que es similar al que hoy existe). Cualquiera sea el régimen elegido, se contempla un alza de impuestos a las empresas de 20% a 25% en caso de renta atribuida y de 27%, si se prosigue sobre base percibida.
¿Cuáles son los desafíos para el Gobierno?
Hay muchos y cada uno de ellos es relevante. En primer lugar, los técnicos de Hacienda y de la oposición deben traducir el protocolo en indicaciones que modifiquen el proyecto original, sin alterar los objetivos de recaudar 3% del PIB, eliminar el FUT y reducir la evasión y la elusión.
En segundo lugar, el Ejecutivo debe convencer a los distintos sectores de la Nueva Mayoría que el proyecto resguarda los objetivos del programa de Gobierno, no sólo para conseguir los votos del bloque en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados, pues como sufrió cambios tendrá que ser nuevamente visto por esta instancia.
En tercer lugar, el Servicio de Impuestos Internos se verá fuertemente presionado, pues no sólo tendrá que velar por el cumplimiento del actual régimen tributario, sino que enfrentará uno de transición (entre 2015 y 2017) y otro permanente (a partir de 2018).
En cuarto lugar, los ministerios de Educación y Salud deberán prepararse para administrar un caudal de recursos históricamente altos, que les obligará a reformular sus procesos de toma de decisiones y gestión.
En quinto lugar y en paralelo, el ministerio de Hacienda con los otros ministerios económicos –de Economía, Energía, Obras Públicas, Minería y del Trabajo- tendrán que abocarse a reactivar una economía que está en franca desaceleración.
