¿Qué significa que la presidenta de Argentina sea “imputada”?

Aunque Cristina Fernández no fue acusada de ningún delito, el pedido de imputación en su contra abre un complejo proceso con implicaciones jurídicas y políticas sin precedentes.

Crédito: AP
¿Qué significa que la presidenta de Argentina sea “imputada”?

Un fiscal en Argentina pidió que se investigue a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un presunto delito de encubrimiento, reavivando así la denuncia hecha hace un mes por Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa AMIA fallecido en extrañas circunstancias el pasado 18 de enero.

El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido Nisman contra la presidenta de Argentina y otros funcionarios, pidió al juzgado de Daniel Rafecas que impute a los sospechosos.

Aunque Fernández no está siendo acusada de un delito, el pedido -si es aceptado por el magistrado- significará que la mandataria, el canciller Héctor Timerman y las otras personas denunciadas por Nisman, entre ellas dos activistas cercanos al kirchnerismo, podrán ser investigadas para saber si existe alguna responsabilidad penal.

Cinco días antes de ser hallado muerto, Nisman había acusado a los funcionarios de encubrir la participación de funcionarios iraníes en el atentado contra el centro judío AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

En su pedido, Pollicita no solicitó la indagatoria de la presidenta y de los otros imputados, como había pedido Nisman.

¿Juicio a la presidenta?

El juez encargado del caso, Daniel Rafecas, que se encuentra de licencia por vacaciones hasta finales de mes, podría adelantar su regreso para comenzar a analizar la denuncia a partir del próximo miércoles, según los medios locales.

Pero, ¿qué significa exactamente este pedido de imputación para la presidenta del país y cuáles son sus consecuencias?

"Imputarle a una persona un hecho delictivo no quiere decir que esa persona haya cometido el hecho. Es simplemente aceptar que se está preparando un pedido en el día de mañana y si existen suficientes pruebas que lo justifiquen, del procesamiento de esa persona", le explica a BBC Mundo el abogado constitucionalista Gregorio Badeni.

"Lo que el fiscal Pollicita hizo es ratificar la denuncia hecha por el fiscal Nisman, y solicitar la autorización del juez para que se produzcan una serie de medidas de prueba en torno a las figuras delictivas denunciadas, que involucran a la presidenta de la República", añade.

Ese centenar de medidas de prueba, que todavía no se publicaron en detalle, serviría para conocer más pormenores de la investigación.

Si el juez considera que existen elementos suficientes una vez investigado el caso, entonces podría citar a la presidenta a declarar en calidad de procesada, algo que ella podría hacer por escrito, dada su calidad de jefa de Estado.

"Un juez puede procesarla, puede someterla a juicio, pero no puede detener a la presidenta, porque fue nombrada para ejercer un cargo público. La única manera de hacerlo es separarla de su cargo a través de un juicio político, algo que no tiene precedentes en la historia del país", explica Badeni.

Significado político

El gobierno argentino, a través del secretario de la presidenta, Aníbal Fernández, calificó el accionar del fiscal como "una clara maniobra de desestabilización sin valor jurídico alguno".

Por su parte, el jefe de gabinete de la presidenta Fernández, Jorge Capitanich, aseguró que se está tratando de ejecutar un "golpe judicial".

"La lucha en este mundo es entre democracia y oscuros grupos vinculados a poderosos intereses económicos", dijo Capitanich.

El gobierno argentino reiteró este viernes su rechazo a la denuncia de Nisman -retomada ahora por Pollicita- diciendo que "no se tomó ninguna acción de parte del gobierno para desincriminar a ciudadanos iraníes".

Y aunque la medida del fiscal Pollicita no sorprendió a los argentinos -el diario Clarín había adelantado la presentación de la imputación en su edición de este viernes-, lo cierto es que no podría haber llegado en un peor momento para la presidenta y su entorno.

Cristina Fernández ya se enfrenta a una de sus peores crisis políticas desde que asumió el poder en 2007 y ha sido fuertemente cuestionada por su gestión del caso Nisman.

Ahora se añade además la presión del poder Judicial, con el pedido de Pollicita, por un lado, y por otro por las protestas convocadas para la semana próxima por la Asociación de Fiscales, que exigen al gobierno no interferir en la investigación de la muerte de su compañero.

Líderes de la oposición, sindicatos enfrentados con el gobierno y organizaciones sociales pidieron sumarse a una marcha silenciosa convocada por el aniversario de la muerte de Nisman el próximo 18 de febrero.

Además, el número dos de la presidenta, el "vice" Amado Boudou, se encuentra desde hace meses procesado por causas independientes.

Es investigado por supuesta corrupción por su presunta participación en la compra de una imprenta de papel moneda, en el conocido como el caso Ciccone.

Y en otra causa distinta, se encuentra también procesado por presunta falsificación de documentos de un vehículo, dentro de la llamada trama de los papeles "truchos".

El sustituto de Nisman

No es la primera vez que el fiscal Pollicita investiga al actual gobierno o que imputa a un funcionario de alto nivel.

En agosto de 2014 imputó a Boudou y al ministro de Planificación, Julio de Vido, por un millonario plan de viviendas, licitado en 2005, que nunca se realizó.

En ese momento, Boudou era el secretario de Hacienda del Municipio de la Costa, donde se iba a realizar la obra.

El caso es investigado por el juez Ariel Lijo, el mismo que procesó a Boudou por la compra de la imprenta Ciccone.

Pollicita también investiga por presunto enriquecimiento ilítico a varios funcionarios vinculados con Boudou, entre ellos la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, a quién imputó en octubre pasado.

Y en 2010 el fiscal también tuvo a su cargo una causa de alto impacto mediático, cuando investigó la presunta existencia de una "embajada paralela" entre Argentina y Venezuela.

Un exembajador argentino en Caracas denunció que funcionarios argentinos cobraban sobornos a los empresarios que querían hacer negocios con el país caribeño, sospecha que nunca pudo ser confirmada.

 

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