Por Maria Isabel Sánchez (France Presse)
El oficialismo chavista llamó a una "rebelión" frente a las políticas que impulsará la oposición en el futuro Parlamento y convocó esta semana a la Asamblea Nacional a sesiones maratónicas para nombrar magistrados antes de ceder en enero el control legislativo.
El próximo 5 de enero, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) asumirá el control de la Asamblea Nacional de 167 escaños, con mayoría calificada de dos tercios (112 diputados), con lo que pondrá fin a 16 años de hegemonía chavista.
"Apenas tuvieron este éxito circunstancial producto de la guerra económica, política, y de errores que hemos cometido (...) Vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral", dijo el Presidente Nicolás Maduro.
Maduro dijo estar ocupado en preparar un plan para la "nueva etapa de la revolución" con una "rectificación total y a fondo de los errores", como la "burocracia indolente" en que cayó el Estado socialista y problemas derivados de la severa crisis que él atribuye a una "guerra económica" de empresarios de derecha.
Guerra declarada
A menos de un kilómetro, el jefe parlamentario Diosdado Cabello, número dos del chavismo, dirigía lo que iba a ser la última sesión del Parlamento bajo control del oficialismo, pero convocó esta semana a sesiones extraordinarias el 22 y 23 de diciembre para elegir a una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Pésimo mensaje es la declaración de guerra de moribunda AN (Asamblea Nacional) con la designación candidatos express TSJ violando Constitución y leyes", escribió en su cuenta de Twitter el diputado opositor reelecto Henry Ramos Allup, quien podría aspirar a presidente el Parlamento.
Estos nombramientos antes de ceder el control parlamentario resultan claves ante un inminente choque entre gobierno y la futura Asamblea, pues las disputas tendrían que ser dirimidas por el TSJ. "Es un proceso irregular pretender a último minuto estar designando autoridades cuando hay una nueva realidad política en el país", afirmó el líder opositor Henrique Capriles, al asegurar que el gobierno desecha la Constitución al desconocer a la nueva Asamblea.
Pero ese sería apenas uno de los tantos focos previsibles de tensión. La oposición se ha fijado como prioridades una amnistía para 75 presos políticos y reformas económicas que pongan fin, entre otras cosas, al férreo control de precios que según la oposición produce el actual desabastecimiento de productos básicos que agobia al país.
El chavismo ve "con gran dolor que se vaya a utilizar un mecanismo como una ley de amnistía para darle, valga el término, amnistía a asesinos", expresó Cabello, al juramentar como defensora pública a Susana Barreiros, jueza que condenó al opositor radical Leopoldo López a casi 14 años de prisión. Maduro ya adelantó que vetará la amnistía, pero la MUD insiste en que ese mecanismo no puede ser bloqueado por el mandatario.
"Parlamento comunal"
Previo a la sesión ordinaria de la Asamblea, Cabello instaló un "parlamento comunal", instancia prevista en la ley y con la que busca hacer contrapeso a la súper mayoría legislativa que tendrá la oposición.
Más tarde, en su programa televisivo semanal Contacto con Maduro, el mandatario dijo que le daría "todo el poder" al "parlamento comunal", que será una "instancia legislativa del pueblo desde la base".
Eugenio Martínez, especialista en temas electorales y mercadeo político, aseguró que se trata de una manera del oficialismo de "hacerle contrapeso" a la mayoría opositora en la Asamblea.
"Si los dos trenes entienden que un choque entre ellos terminará con un desastre en ambos lados quizás privilegien la necesidad de acordar. Pero si no, el conflicto está garantizado y no sabemos cómo será el desenlace final", comentó el analista Luis Vicente León.
