Las grandes operadoras energéticas en Alemania asumirán los costes del almacenamiento de los residuos atómicos y transferirán a un fondo estatal hasta el año 2022 cerca de 23.342 millones de euros, según anunció hoy (27.04.2016) la comisión del Gobierno en Berlín de manera unánime.
La ministra de Medioambiente, Barbara Hendricks, consideró que se ha alcanzado un compromiso justo, ya que las nucleares no se desentienden de sus responsabilidades y, a su juicio, se evitan al mismo tiempo exigencias desmesuradas que podrían poner en peligro su viabilidad.
"La sociedad alemana puede vivir con este resultado", comentó Matthias Platzeck, copresidente de la comisión formada por 19 personas, en la que están representados partidos, sindicatos, empresarios y asociaciones, al presentar la propuesta que serviría para tapar el agujero actual entre la previsión de las empresas Eon, RWE, Vattenfall y EnBW y los costes completos de almacenamiento para evitar que acaben recayendo sobre los contribuyentes alemanes.
Con cifras de 2014, la comisión cifró en unos 47.500 millones de euros el coste total del desmantelamiento de las centrales y del almacenamiento de los residuos nucleares. En ese marco propone que las eléctricas establezcan unas reservas de cerca de 19.800 millones de euros para sufragar el cierre y la demolición de las centrales -hasta 2040- y para el empaquetamiento y transporte de los residuos.
Fukushima disparó las alarmas
Los cuatro grandes grupos energéticos llevaban tiempo negociando con el Gobierno sobre el reparto de los ingentes costes y riesgos del desmantelamiento de las plantas y del almacenamiento de los residuos atómicos tras la decisión del Gobierno de Angela Merkel de abandonar la energía nuclear después de la catástrofe en la central japonesa de Fukushima.
La ministra alemana de Medioambiente, Barbara Hendricks.
A la espera de analizar a fondo la documentación utilizada por la comisión para presentar sus conclusiones, las empresas afectadas criticaron las cifras barajadas al estimar que sobrepasan sus capacidades económicas. En un comunicado, E.ON afirmó que no puede aceptar esas conclusiones por "responsabilidad" ante sus empleados, clientes y propietarios.
El desastre en la planta nipona, en marzo de 2011, hizo que la opinión pública alemana se volviera masivamente en contra de la energía nuclear y llevó al Gobierno de Merkel a adelantar a 2022 el cierre de todas las centrales atómicas del país y potenciar la producción de energías renovables.
La ley de energía nuclear fijó las fechas en las que las operadoras deberán desconectar las últimas nueve plantas atómicas hasta 2022. Las ocho centrales de más antigüedad, sin embargo, fueron clausuradas de inmediato. El problema surgió entonces sobre quién asumiría el elevado coste de poner fin a este tipo de producción de energía, así como la eliminación de antiguos residuos nucleares, que asciende a 48.000 millones de euros.
