AFP
La auditoría de Brasil rechazó este miércoles la rendición de cuentas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en el ejercicio 2014, en otro duro revés para la mandataria que alienta a las fuerzas opositoras que buscan iniciarle un juicio político.
En otro día negro para el gobierno, que ahonda la crisis que vive la séptima economía global, los auditores objetaron los gastos señalando que se habían maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106.000 millones de reales (27.390 millones de dólares al cambio actual).
El dictamen negativo tiene un solo antecedente: la gestión presentada en 1936.
“Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional”, dijo el ministro Augusto Nardes, a cargo de evaluar el caso, en un voto que fue acompañado en forma unánime por los restantes siete miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Órgano que asiste al Congreso y que fiscaliza las cuentas de otros poderes del Estado, el TCU también detectó retrasos en los pagos del gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolas a usar recursos propios, lo que está vedado por la ley de responsabilidad fiscal que no permite que la banca pública conceda créditos al Tesoro.
“No fueron prevenidos los riesgos, ni tampoco corregidos los desvíos que ocasionaron el 'desequilibrio' de las cuentas públicas en cerca de 40.000 millones de reales en el ejercicio 2014 (...) La existencia de operaciones de crédito no registradas, así como el subregistro de pasivos, permite evidenciar resultados fiscales que no son reales”, señala Nardes en el escrito que justificó el rechazo.
Ahora el parecer será entregado al Congreso para su evaluación, donde podría iniciar un largo periplo que alienta las expectativas de partidos opositores como el PSDB (centro), derrotado ajustadamente en las elecciones de octubre del año pasado, que quieren abrir un proceso de impeachment (destitución) contra Rousseff.
Tras el dictamen, el Palacio de Planalto divulgó un comunicado en el que aseguró que "los órganos técnicos y jurídicos del gobierno federal tienen la plena convicción de que no hay motivos legales para rechazar las cuentas".
Encrucijada
Asfixiada por una recesión económica que aún no encuentra piso –el FMI prevé que el PIB brasileño caerá 3% en 2015- con su partido manchado por un monumental escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y presionada por sus aliados, la mandataria es blanco frecuente de amenazas para destituirla en un impeachment.
Tras 12 años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en una encrucijada.
"Es imposible que creamos que le estamos haciendo un servicio a la democracia y al país intentando usar atajos para llegar al gobierno. El único método es el voto directo en las urnas", dijo por la mañana la presidenta a una radio en una nueva defensa de su ajustada victoria electoral de octubre.
Someter a un presidente a un juicio político requiere que 342 de los 513 diputados estén a favor, un número nada sencillo de conseguir, además de contar con sustento jurídico.
"Los que quieren un impeachment están buscando razones, motivos que den base a esa medida. Una de esas posibilidades fue el control de las cuentas (...) Aún si el Congreso las reprobara, eso no implica que va a haber impeachment. Es un elemento más. Es tirar combustible al fuego, pero no es automático”, dijo a la AFP Michael Mohallem, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
Durante la jornada el gobierno intentó infructuosamente suspender la sesión del TCU cuestionando a uno de los magistrados.
El pedido fue denegado y fragilizó aún más la posición de Rousseff, que en la noche anterior había sumado otra mala noticia cuando la autoridad electoral reabrió una investigación sobre su campaña por un presunto uso de fondos desviados del fraude en Petrobras.
Es otra decisión con pocos antecedentes y potencial para anular su atribulado mandato.
Sustentabilidad
Con apenas un 10% de apoyo a su gestión, Rousseff hizo esta semana una profunda reforma de su gabinete para reforzar su base en el Congreso y, con una visible contribución de Lula, cedió poder a sus aliados para ganar sustentabilidad.
La mandataria buscó presionar a su "nueva" base aliada y pasó un mensaje a los legisladores: “Es importante que el Congreso muestre su compromiso con Brasil".
Pero no rindió sus frutos y el parlamento dilató el tratamiento de un capítulo sensible del ajuste fiscal que impulsa el gobierno para frenar el déficit público.
Las leyes brasileñas prevén que si el Congreso apoya el rechazo del TCU, los funcionarios que sean hallados culpables no podrán presentarse a cargos públicos por ocho años, apuntó Mohallem.
