Monseñor Oscar Arnulfo Romero llegará a los altares antes de que sus sicarios a la Justicia.
Casi 40 años después de su asesinato, el sacerdote católico más venerado de El Salvador será canonizado el próximo domingo por el papa Francisco en el Vaticano.
Sin embargo, el largo y accidentado proceso para superar las pruebas, testimonios, campañas, barreras y negociaciones de la Congregación para la Causa de los Santos ha terminado primero que otro por el que se comenzó a abogar antes: que los responsables de su muerte sean juzgados.
El pasado miércoles, mientras cientos de salvadoreños tomaban aviones hacia Roma para participar en la ceremonia, que se espera que abarrote la Plaza de San Pedro, otro numeroso grupo de personas tomó las calles de la capital con gritos de justicia y pancartas.
Marcharon ante un tribunal de Justicia para pedir que se agilice el proceso de investigación sobre el crimen, del que nada se sabe pese a que la causa fue reabierta hace más de un año.
"Monseñor Romero encabeza la lista de las víctimas de la impunidad en este país y es una vergüenza que le hagan santo y todavía aquí no le hagan justicia", asegura a BBC Mundo José Lazo, coordinador de Probúsqueda, una ONG que busca desaparecidos de la Guerra Civil (1980 y 1992).
"El hecho de que todavía no se hayan sentenciado a los responsables de su muerte y que no se esté haciendo prácticamente nada para encausarlos es un símbolo de cómo la justicia no ha llegado para los que sufrieron en carne propia el conflicto armado", considera.
En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de El Salvador por la falta de acciones para esclarecer el asesinato del obispo y por no garantizar la reparación de las víctimas de la guerra a través de un proceso judicial adecuado.
Pero casi dos décadas después, un oscuro letargo envuelve el mecanismo legal para identificar los autores de la muerte del arzobispo.
Y, también, de las casi 100.000 personas que perdieron sus vidas o de los otros tantos que quedaron marcados para siempre por el largo enfrentamiento entre el Ejército y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En busca de justicia
El 24 de marzo de 1980, a las 6:30 de la tarde, un estruendo sacudió la pequeña capilla del hospital para cancerosos de la Divina Providencia, en San Salvador.
Un francotirador había disparado desde un auto contra monseñor Romero mientras celebraba la misa.
Un día antes, durante una homilía en la Catedral de San Salvador, el líder de la Iglesia católica de El Salvador había llamado a los militares a desobedecer las órdenes de reprimir y matar "al pueblo".
Fue su sentencia de muerte.
Las mentes y las manos detrás del crimen fueron por años un misterio.
Un informe de la Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en 1993 (creada por los acuerdos del proceso de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador) responsabilizó a los escuadrones de la muerte que dirigía el coronel, ya fallecido, Roberto D´Aubuisson(murió en 1992, de cáncer en la lengua), líder de la inteligencia política y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernaría el país durante dos décadas.
Señalaban a otros militares: los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Pero una ley de amnistía de 1993 impidió entonces cualquier proceso en su contra.
23 años después, la ley fue declarada inconstitucional y derogada
El Caso Fresno
A inicios de 2004, luego de muchos esfuerzos, idas y venidas, parecía que por primera vez se haría un poco de justicia.
En aquel entonces, organizaciones civiles y familiares de Romero contaron con la ayuda de una asociación de abogados de San Francisco.
Habían descubierto que en Modesto, California, vivía Alberto Saravia uno de los presuntos responsables del asesinato.
El excapitán Saravia fue finalmente condenado en septiembre de 2004 por un tribunal civil de Fresno a pagar US$10 millones a los familiares del obispo.
Saravia se dio a la fuga y sigue oculto. Ya en la clandestinidad concedió una entrevista Carlos Dada, del periódico digital salvadoreño El Faro, en la que aceptaba su participación en el complot para dar muerte a monseñor Romero.
Sigue siendo la única persona condenada en alguna instancia judicial por el crimen.
Amado Antonio Garay, el chofer que llevó al francotirador hasta la capilla de la última misa de Romero (y quien en 1987 confesó su participación y la de Saravia) vive en Estados Unidos como testigo protegido por el gobierno.
Otros supuestos responsables han muerto o "desaparecido".
"Lo cierto es que en el asesinato participaron muchas máspersonas", asegura a BBC Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal Maria Julia Hernández, la agrupación de derechos humanos que solicitó la reapertura de la causa penal por la muerte del obispo en 2017.
"Nosotros hemos rastreado hasta más de 30 personas que estuvieron involucradas, desde grupos financieros que actuaron desde Miami, hasta familias acomodadas de El Salvador", afirma.
Laberinto legal
Pero pese a los esfuerzos de organizaciones civiles y de derechos humanos de El Salvador, el proceso legal por el asesinato de Romero parece continuar en el mismo limbo de silencio.
El gobierno se negó a investigar lo sucedido hasta 2009, cuando llegó al poder Mauricio Funes, un presidente de izquierda, que terminó con el largo gobierno de ARENA. Durante su gobierno se reabrió la investigación en acato a una orden del año 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, no se realizó ningún intento de llevar el caso nuevamente ante los tribunales hasta 2017, cuando Tutela Legal obtuvo los permisos de los familiares del obispo para constituirse como querellante.
"Hace un año presentamos nuevamente la causa. Pero hasta ahorita el juez no ha hecho ninguna diligencia. Aún continúa en la primera fase, que es la llamada fase de instrucción. Esto a pesar de que le hemos solicitado en varias ocasiones al juez que citen personas y que se tomen diversas medidas, pero nada se ha hecho", comenta Mauricio.
"Ayer presentamos una nueva carta solicitando al juez que tome algunas diligencias. Se dice que se pronunciará después de la canonización, pero todo es incierto", añade.
BBC Mundo intentó comunicarse reiteradamente con el juez Rigoberto Chicas, del Juzgado Cuarto de Instrucción, a cargo del caso, pero su oficina se negó de forma terminante a ofrecer algún comentario.
Desde la Fiscalía General, Salvador Martínez explica que se trata de un proceso sumamente difícil de investigar, puesto que por el paso de los años, mucha de la evidencia ya no existe o se ha tratado de encubrir por décadas.
"Un aspecto es que este caso se está tratando con el Código Penal de 1973, que es el que pertenece a cuando ocurrió el asesinato. Entonces el papel de la Fiscalía en este caso es muy limitado, porque es el juez quien tiene la potestad legal para investigar lo sucedido", comenta a BBC Mundo.
De acuerdo con Martínez, actualmente su institución realiza un análisis para solicitar diligencias al juez a cargo del caso.
"Pero todavía no se sabe qué se va a solicitar, el análisis no está claro todavía y no es que se vaya a pedir una nueva reapertura desde la Fiscalía", reconoce.
En su criterio, esa institución no cuenta con los recursos para investigar los crímenes ocurridos durante la guerra, por lo que se ha visto en la necesidad de reorientar fiscales y departamentos con este fin. Aunque, señala, no dan abasto para esto.
Lazo, por su parte, considera que la dilación en el proceso para investigar el asesinato de Romero es una muestra de la "inacción de la justicia" ante las fuerzas que controlan el país.
"Una cosa es que tengamos un gobierno de izquierda y otra quiénes tienen realmente el poder. Es la influencia real de esos grupos la que impide que se haga justicia", opina.
El activista considera que el proceso legal por el asesinato del obispo es una deuda de memoria histórica con las víctimas del conflicto armado y un primer paso para el fin de lo que califica de "impunidad".
"En el caso de Romero hemos sido testigos de varios tipos de impunidad que afectan también a otras víctimas de la guerra civil", señala.
"La impunidad jurídica, que es permitir que los culpables sigan libres; la histórica, que es negar su asesinato y la influencia de su figura. Y, también, la moral: porque muchos de los que ahora celebran la canonización fueron los que se opusieron a ella, o los que lanzaron cohetes e hicieron fiestas cuando lo mataron. Incluidos miembros de la propia Iglesia", opina.
Lazo, como muchos en El Salvador, esperan que las luces, la visibilidad y la alharaca de la canonización el próximo domingo sirvan de impulso para que la justicia finalmente llegue a su país.
Otros ya han perdido la esperanza.
