Finalmente no se cumplió el plazo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaran las armas tras el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado con el gobierno.
Era algo que muchos veían venir. La misma misión de Naciones Unidas en Colombia lo había anticipado.
Lo mismo ocurrió con otras fechas "inamovibles" de este proceso de paz, que ha puesto fin a un conflicto de más de 52 años que ha dejado más de 220.000 muertos.
Este lunes el presidente Juan Manuel Santos anunció en una alocución televisiva que la entrega de armas no se completará este martes, sino en 20 días.
No dejó claro si eso se refiere solo a los 7.000 fusiles y armas personales que los cerca 7.000 guerrilleros tienen en sus manos en las 26 zonas transitorias en las que están concentrados (de las que habían entregado muy pocas) o también al contenido de las alrededor de 900 caletas (sitios ocultos) donde el grupo rebelde guarda armas de todo tipo y explosivos.
Por otra parte, Santos anunció que se extenderá la duración de las zonas transitorias hasta el 1 de agosto de 2017, luego de lo cual se espera que los guerrilleros se reintegren a la vida civil mediante un proceso que todavía está por definirse.
Éxito del cese el fuego
"Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo", dijo el presidente.
"Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación", agregó. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".
Santos destacó que el cese el fuego bilateral y definitivo, que comenzó hace seis meses, ha dado frutos.
Efectivamente, el cese el fuego se sostuvo y redujo notablemente los niveles de violencia en todo el país.
Retrasos
¿Qué ocurrió, qué llevó a este cambio de fechas?
Una serie de hechos fueron retrasando la implementación de lo acordado en noviembre.
Primero fue la victoria del "No" en el plebiscito de 2016 en el que los colombianos debían responder si estaban a favor o en contra de lo pactado tras cuatro años de negociaciones públicas en La Habana, Cuba.
Eso obligó a rediseñar el acuerdo, que luego fue refrendado vía Congreso.
Un nuevo impacto fue el del retraso de la construcción de los campamentos (áreas de vivienda) dentro de las zonas de transición, así como la aprobación legislativa de una serie de garantías para los guerrilleros, como por ejemplo la amnistía.
A eso se sumó el retraso en la preparación de los contenedores de Naciones Unidas para recibir el armamento y en la conformación de los listados de guerrilleros y de armas.
El golpe definitivo al calendario original se lo dio una sentencia de la Corte Constitucional, anunciada hace unos diez días (todavía no se conoce el texto completo), que modifica un procedimiento legislativo especial -denominado fast-track- para la aprobación de las leyes necesarias para la implementación del acuerdo.
Al conocerse la decisión de la Corte, las FARC consideraron que se estaba frente a la peor crisis de todo el proceso de paz y que una ralentización del proceso legislativo, así como el riesgo, desde su punto de vista, de que se hicieran modificaciones sustanciales al acuerdo, implicaba que no podían dejar las armas en la fecha convenida.
Su temor era que una vez entregados los fusiles, "los compromisos se conviertan en promesas".
Para el gobierno la decisión no tendría implicaciones tan drásticas e insistió en su absoluto compromiso de cumplir lo pactado.
Tras poco menos de una semana de reuniones intensas en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación al Acuerdo Final (CSIVI) -en la que hay representantes del gobierno y las FARC- se llegó al compromiso de estas nuevas fechas.
Advertencia
"En un mes se debe haber terminado el proceso de dejación de las armas de las FARC", había dicho, convencido, a fines de abril, Santos. No pudo ser.
Desde la misión de la ONU en Colombia, que acompaña los acuerdos, siempre pensaron que era buena idea extender los plazos. A mediados de febrero, su jefe Jean Arnault, le escribió en febrero pasado una carta a la CSIVI.
Ante el retraso en la construcción de los campamentos, les preguntaba a las partes: "¿Estarían de acuerdo las partes con recalendarizar el inicio de la recepción escalonada por la Misión del armamento hasta esa fecha (después de fines de marzo)? ¿O estarían dispuestas a considerar otras opciones de entrega gradual?".
El gobierno no estaba de acuerdo.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la canciller, María Ángela Holguín, le respondieron, también por carta: "Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP hemos insistido en que los 180 días para la dejación de armas no varían".
No obstante, a partir de entonces las FARC empezaron a sugerir una extensión de 90 días de las zonas veredales.
Finalmente, las partes parecen haberse encontrado a mitad de camino.
En 20 días veremos si el nuevo calendario para la dejación de armas era realista y en 60 si realmente dejarán de funcionar las zonas veredales.
