Jane Doe es el nombre ficticio con el que las autoridades la identifican para proteger su identidad: es menor de edad y está embarazada.
Cruzó sin papeles la frontera desde México el pasado agosto y permanece desde entonces bajo tutela en un centro privado supervisado y financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Su caso es como el de muchos otros menores inmigrantes salvo por una cosa: la polémica levantada porque el centro se ha negado hasta el momento a dejarla salir para poner fin a su embarazo.
La menor está embarazada de 15 semanas y según los abogados de la Unión por las Libertades Civiles Americanas, (ACLU, por sus siglas en inglés), la asociación a la que confió su defensa en los tribunales, está firmemente decidida a interrumpir la gestación.
Para hacerlo de un modo seguro y legal, necesita que el gobierno de Trump lo autorice.
Y el Ejecutivo alegó hasta el momento que a las menores indocumentadas bajo custodia federal no les asiste el derecho constitucional al aborto que sí se reconoce a las mujeres estadounidenses.
La ACLU y el Departamento de Justicia libran una batalla en los tribunales en torno al embarazo de Jane que llegó ya hasta una Corte de Apelaciones de Washington D. C.
Los abogados del Ejecutivo sostuvieron que "el gobierno tiene un interés legítimo en promover la natalidad y en evitar incentivos a las menores embarazadas para que crucen ilegalmente la frontera en busca de acceder al aborto bajo custodia federal".
Por su parte, Brigitte Amiry, abogada de la ACLU, denunció que "cada día que pasa es una injusticia".
"Mientras el gobierno lo retrasa, hay una joven de 17 años esperando a descubrir si puede acceder al aborto que quiere o si nuestro gobierno la obligará a seguir adelante con su embarazo contra su voluntad".
Decisiones contradictorias
Jane está a la espera de que los tribunales resuelvan su caso, pero no tiene mucho tiempo, ya que las leyes del estado de Texas solo permiten abortar, salvo casos excepcionales, hasta la vigésima semana de gestación.
Y, en medio del embrollo, los jueces no se ponen de acuerdo.
La ACLU recurrió en primera instancia a la justicia y logró que la jueza Tanya Chutkan emitiera el pasado 18 de octubre una resolución que obligaba al gobierno a permitir a la joven el desplazamiento a la clínica más cercana y completar la preceptiva consulta con especialistas previa a la intervención abortiva.
La decisión de la jueza Chutkan, nombrada por durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), fue celebrada por la ACLU como un triunfo de los derechos de las mujeres y del colectivo inmigrante. Amiri dijo entonces: "Esto nunca debería haber sido algo por lo que tuviéramos que haber llegado a los tribunales".
Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo antiabortista Susan B. Anthony List, lamentó que el fallo "sienta un peligroso precedente" para los funcionarios federales, de los que dijo que solo intentan "proteger la vida y la dignidad de la muchacha y su niño aún no nacido".
Como las amígdalas
Muy lejos de eso, la jueza Chutkan fue muy crítica con la actuación de las autoridades federales, que en lugar de facilitar a la menor el acceso al aborto en condiciones seguras, pese a que ella ya había conseguido el dinero con el que sufragar su intervención, la condujeron contra su voluntad hasta una asociación cristiana de apoyo familiar, donde la intentaron persuadir para que siguiera adelante con su embarazo.
La jueza entendió que esto violó los derechos constitucionales de Jane y estableció que las autoridades deben limitarse a completar los trámites burocráticos y permitir que la menor visite la clínica para abortar, exactamente igual que si lo que necesitara fuera una intervención de amígdalas.
Pero parece que eso no va a suceder. Al menos, no por ahora.
Poco más de 48 horas después de la orden de Chutkan, una corte de apelaciones en Washington estimó parcialmente los argumentos del recurso presentado por el gobierno, que argüía su legítimo derecho a defender "la natalidad y la vida fetal".
El tribunal concedió al Departamento de Salud y Servicios Humanos un plazo adicional hasta el 31 de octubre para encontrar un padrino o protector que se ocupara de gestionar el embarazo de la menor centroamericana.
Llegada esa fecha, un juez ordinario podría estudiar de nuevo el caso, una solución que no satisface en absoluto a la ACLU, que este mismo lunes la recurrió.
El juez Kavanaugh, designado por el gobierno de George W. Bush y al que el portal Politico.com señala como principal artífice de la última resolución, evitó abordar si Jane Doe tiene el derecho constitucional al aborto.
Desde que el Tribunal Supremo resolvió en 1973 el caso conocido como "Roe contra Wade", la justicia se lo reconoce a todas las mujeres de Estados Unidos.
Durante la audiencia de apelación, Kavanaugh dijo: "Estamos siendo empujados con un margen de 24 horas a tomar una decisión que sentaría un precedente constitucional vinculante en un sentido o en otro. Cuando esto sucede, el Tribunal Supremo y este tribunal también a menudo se preguntan si hay otra manera de resolver la disputa que no llegue tan lejos".
En el caso de la joven de Texas, la cuestión, dijo Kavanaugh, es "si se encontrara un padrino, ¿resolvería eso las objeciones del gobierno?? ¿y le permitiría a ella acceder al aborto si es eso lo que decide?".
Tras hora y media de deliberaciones, el tribunal esquivó así una conclusión sobre lo fundamental del asunto.
Lo forman tres jueces, el citado Kavanaugh y dos mujeres, una también nombrada por Bush y otra por Obama.
Esta última, Patricia Millett emitió un voto particular discrepante en el que mostró su preocupación porque la búsqueda de ese padrino que hasta ahora no apareció pueda comprometer el derecho de Jane Doe a acceder a un aborto conforme a la legislación texana.
Millett fue contundente: "Lo que la está obligando a J. D. a continuar con su embarazo no es su voluntad, no es la ley de Texas. Es la negativa del gobierno federal a permitir su aborto".
En definitiva, sostuvo Millett, la decisión adoptada por la corte de apelaciones "supone una barrera inamovible" para el "derecho constitucional de la joven" e "inflige un daño irreparable sin que se haya aportado ninguna justificación de por qué el gobierno puede obligarla a continuar con su embarazo".
En el comunicado en el que informó del nuevo recurso presentado este lunes para lograr que la joven pueda finalmente abortar, su abogada Amiri protestó.
"Mientras continuamos la lucha por lograr que pueda tomar su propia decisión sobre si poner fin a su embarazo, el gobierno Trump continúa con su asombrosa intromisión tomándola como rehén e impidiéndole abortar".
El último recurso de la ACLU apela a todos los jueces de Washington D. C., a los que pide que se pronuncien sobre la cuestión de constitucionalidad de fondo que el juez Kavanaugh prefirió eludir para no sentar un precedente.
Los activistas de la ACLU esperan que un nuevo fallo judicial llegue a tiempo de que el aborto que quiere Jane Doe todavía sea posible.
