La crisis política abierta en España por el conflicto catalán no cesa.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó este viernes el ingreso en prisión de Jordi Turull, el dirigente al que la mayoría independentista tenía previsto proclamar este sábado en el Parlamento catalán como nuevo presidente de Cataluña.
Llarena decidió además procesarlo por rebelión junto a otros 12 implicados en la organización del referéndum de independencia del pasado 1 de octubre, declarado ilegal por las autoridades españolas, y reactivar la orden de detención europea contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes huidos en el extranjero.
Entre los políticos independentistas que serán juzgados por rebelión está el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y los encarcelados líderes de las dos principales organizaciones sociales secesionistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros.
La dirigente de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , Marta Rovira, se negó a comparecer ante el Supremo y anunció su marcha a Suiza "camino del exilio". Según dijo, es su única manera de protestar contra la unos "tribunales que intimidan" y para poder ejercer su libertad de expresión.
Con el encarcelamiento de Turull ya son tres los candidatos apoyados por las fuerzas separatistas, que cuentan con mayoría en la cámara, que ven frustradas sus aspiraciones de gobierno por su papel en el fallido proceso independentista.
La investidura de Turull se había votado ya el pasado jueves, pero no contó con la mayoría absoluta que la normativa exige en la primera votación. El sábado le hubiera bastado con una mayoría simple de los votos de los diputados que tenía garantizada.
Tras conocerse la noticia de la decisión judicial, Carles Puigdemont reaccionó en Twitter: "El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa".
https://twitter.com/KRLS/status/977281870147866625
Protestas
Desde el Gobierno español mostraron su respeto por las decisiones judiciales. Madrid ha reiterado en varias ocasiones que no aceptará como presidente de la comunidad autónoma a un dirigente con causas judiciales pendientes.
En diferentes puntos de Cataluña se han producido manifestaciones de protesta en las que ha habido incidentes esporádicos. El Servicio de Emergencias Médicas de la "Generalitat", (la Administración regional) informó de que atendió a 27 personas, la mayoría con lesiones leves y contusiones.
https://twitter.com/semgencat/status/977322556289142793
Las leyes españolas prevén una pena de 15 a 30 años de prisión por el delito de rebelión. Según el auto judicial, los procesados por rebelión sabían que su comportamiento a favor de la votación prohibida por inconstitucional podía dar pie "al fanatismo violento de muchos de sus seguidores".
El juez sostiene que los dirigentes separatistas catalanes eran "sobradamente" conocedores de que su desafío al Estado con el intento de referéndum del pasado 1 de octubre daría pie a una "escalada de violencia".
Llarena describe el intento independentista como un "ataque al Estado Constitucional" de una "gravedad y persistencia inusitada" y "sin parangón en ninguna democracia" de la Unión Europea (UE). Según él, los políticos procesados desviaron recursos públicos y se valieron de sus cargos para lograr ilegalmente la independencia de Cataluña.
¿Qué pasó en octubre?
Pese a las advertencias constantes del Tribunal Constitucional español, el gobierno independentista catalán convocó un referéndum de "autodeterminación" para el 1 de octubre de 2017, y el Parlamento regional de entonces, de mayoría separatista, aprobó el día 27 del mismo mes una declaración a favor de la secesión unilateral.
El Ejecutivo español, amparado por el artículo 155 de la Constitución, destituyó al gobierno regional en pleno y convocó elecciones autonómicas, en las que los partidos independentistas sumaron mayoría absoluta de diputados, pese a que la fuerza más votada fue Ciudadanos, partidaria de la permanencia de Cataluña en España.
Desde entonces, no ha podido elegirse un nuevo presidente.
Antes de Turull, renunciaron Puigdemont, huido en Bélgica, y Jordi Sànchez, encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real.
