Ya van a ser 15 días desde que Santiago Maldonado desapareció después del desalojo de una protesta de un grupo de indígenas mapuches en la Patagonia argentina, y todavía no se sabe nada de él.
Las autoridades aseguran que están haciendo todo lo posible por investigar qué pasó con el joven artesano, pero enfrentan muchas dificultades.
Una de las principales es que las últimas personas que habrían visto a Santiago se han negado a declarar ante la justicia.
Los miembros de la comunidad mapuche autodenominada "Pu Lof en Resistencia" que participaban del corte de ruta que fue desalojado en Cushamen, provincia de Chubut, el 1 de agosto, se han negado a dar su testimonio a las autoridades sobre lo que ocurrió ese día.
El juez federal que lleva la investigación, Guido Otranto, denunció además que este grupo tampoco permitió que se realizara un peritaje exhaustivo en la zona donde desapareció Santiago.
El magistrado informó que no se permitió el ingreso de drones en la zona donde viven los mapuches, en las cercanías de la ruta cortada.
Se trata de un terreno que está en manos del empresario italiano Luciano Benetton y que es ocupado desde 2015 por los miembros del grupo, que algunos asocian con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una agrupación acusada de usar la violencia como parte de su reclamo ancestral, cosa que ellos niegan.
Santiago Maldonado había viajado hasta ese lugar para solidarizarse con el reclamo indígena.
Según los testigos, llegó allí un día antes del violento desalojo de Gendarmería Nacional, que usó balas de plomo y goma, y destruyó el campamento mapuche, de acuerdo a lo que describieron a la prensa local quienes estaban allí.
Fueron estos testigos quienes aseguraron haber visto cómo Santiago era llevado en un vehículo de Gendarmería, lo que hizo que su familia denunciara que se trató de una "desaparición forzosa".
¿Por qué no hablan?
La negativa de quienes estaban presentes ese día a colaborar con la Justicia ha sido criticada por las autoridades argentinas.
"Si la carátula es desaparición forzosa y la hipótesis de su familia, de los hermanos, y de los organismos de derechos humanos, es que Gendarmería se lo llevó y no hay ni un testimonio, ni una persona que lo diga en el expediente, entonces, evidentemente lo que decimos es: '¿Acá se quiere ayudar o se quiere imponer un criterio?", criticó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
"Hay que abrirse y ayudarnos", pidió Bullrich en declaraciones a Radio Mitre. La ministra está en el centro de las acusaciones de quienes creen que Santiago ha sido víctima de las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora Bullrich siempre ha asegurado que no hay indicio alguno de que Gendarmería haya detenido a Santiago.
La funcionaria sostuvo incluso que ni siquiera se puede saber si el artesano estaba en el desalojo, ya que "todas las personas estaban encapuchadas".
Sin embargo, son varios los miembros del Pu Lof que aseguran haber visto cómo Santiago era golpeado y luego llevado.
¿Por qué no lo denunciaron ante la Justicia?
"No vamos a ir al juzgado a declarar bajo juramento lo que ya dijimos: a Santiago se lo llevó la Gendarmería", le dijo uno de los testigos -encapuchado y sin revelar su identidad- a un periodista del diario La Nación que viajó hasta la zona.
"Y no vamos a ir porque hace años que venimos sufriendo una brutal persecución ilegal por parte de las autoridades, que nos arman causas para meternos presos".
Sobre la negativa del grupo a permitir el ingreso de drones al terreno para profundizar la búsqueda afirmó: "Nosotros ya rastrillamos todo y él no está acá. No queremos que hagan ´tareas de inteligencia´".
Represión
Gastón Chillier es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos que presentó un hábeas corpus para hallar a Santiago.
Chillier estuvo acompañando la investigación en el sur y habló con varios miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia.
Le dijo a BBC Mundo que comprende la reticencia de quienes no quisieron hablar con las autoridades.
"La comunidad ya viene sufriendo varias represiones en el contexto de su reclamo", contó el directivo de CELS, que ya había denunciado otro violento desalojo contra el mismo grupo en enero pasado.
"En la última represión desparece una persona que apoyaba su causa, así que tienen razones más que suficientes de tener temor sobre su seguridad y las garantías que se le ofrecen", explicó.
Con respecto a los motivos por lo cuales no permitieron al juez Otranto ingresar a algunas zonas, enumeró tres explicaciones:
- Temen que la información que recopilen se use para identificarlos y procesarlos
- Algunas de esas zonas en las que se quiere rastrillar son sagradas, según su cosmovisión
- El juez Otranto es el mismo que había ordenado el desalojo
Con respecto al último punto, Chillier explicó que si bien esto podría representar un conflicto de intereses, es algo que no sorprende, ya que es el único juez federal en la zona.
"Tendremos que ver cómo actúa para determinar si es parcial", señaló.
En ese sentido remarcó que fue el mismo juez Otranto quien rechazó un pedido de extradición de Chile del lonko (líder) del grupo Pu Lof en Resistencia, Facundo Jones Huala, quien está detenido desde junio.
Fue la detención de Huala -que sigue preso mientras las autoridades argentinas presentan su propia orden de extradición- la que llevó al grupo Pu Lof a cortar la ruta 40, durante cuyo desalojo se vio a Santiago por última vez.
Más allá de la desconfianza de la comunidad con las autoridades, Chillier reveló que gracias al diálogo de la justicia con representantes comunales, se pudo realizar un rastrillaje más exhaustivo el sábado último.
Y también aseguró que se logró recopilar un testimonio oficial de alguien que confirmó haber visto a Santiago en el Pu Lof antes de su desaparición.
Qué se sabe por ahora
Más allá de todas las dificultades y las acusaciones cruzadas, la investigación sigue avanzando, aunque por ahora sin resultados.
Hasta el momento se realizaron peritajes de los vehículos que presuntamente usó Gendarmería para su operativo y se allanaron las oficinas de esa fuerza involucradas en el desalojo.
Los peritajes de los vehículos dieron negativo, pero aún falta que se analice el ADN de cabellos y una soga hallados en uno de ellos.
Según la familia Maldonado y el CELS, los peritajes se hicieron muy tarde -diez días después de que se denunció la desaparición- y además los vehículos investigados fueron aportados por Gendarmería y no secuestrados, como pedían los demandantes.
Los hermanos de Santiago también acusan al gobierno de buscarlo como una "persona extraviada" -incluso el pasado sábado allanaron una propiedad que el joven estaba alquilando en la ciudad patagónica de El Bolsón- en vez de tratarlo como una desaparición forzada, tal como denuncian.
En ese sentido, criticaron como "una operación para desviar todo" que el gobierno hubiera usado recursos para investigar una pista de un camionero que aseguró haber llevado a Santiago en la provincia de Entre Ríos, lo cual terminó siendo un dato erróneo.
El caso de Santiago sigue causando conmoción en Argentina, donde ya se realizaron dos masivas marchas para reclamar por su aparición.
En tanto, el joven mochilero también estuvo presente simbólicamente en las elecciones legislativas primarias que se realizaron el pasado domingo, donde varios candidatos expresaron su deseo de que sea hallado y también hubo carteles recordándolo.
