Decenas de miles de brasileños realizaron protestas callejeras contra una votación que, según ellos, amenaza con socavar una importante investigación contra la corrupción.
Las mayores marchas ocurrieron en el distrito de negocios de Sao Paulo y en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Los manifestantes estaban enojados después de que la Cámara Baja del Congreso aprobara el martes pasado varias enmiendas a un importante proyecto de ley contra la corrupción.
Los organizadores dicen que los políticos tratan de intimidar a los investigadores.
Los políticos, que están siendo investigados, diluyeron la propuesta de ley, dicen los manifestantes.
Controversialmente, incluyeron en el proyecto de ley la perspectiva de duros castigos para los jueces y fiscales que abusan de sus poderes.
El proyecto aún necesita ser aprobado por el Senado antes de que se convierta en ley.
"Tranquilo y ordenado"
En las manifestaciones del domingo en las principales ciudades de Brasil, muchos llevaban carteles que apoyaban al fiscal Sergio Moro y al equipo que dirigía la investigación, conocida como Operación Autolavado.
Vestidos principalmente con colores verdes y amarillos de la bandera nacional, los manifestantes marcharon en la capital, Brasilia, y en otros 20 estados brasileños.
El presidente Michel Temer elogió las manifestaciones, que tuvieron lugar "de manera pacífica y ordenada".
"Los poderes de la república deben estar siempre al tanto de las demandas de la población brasileña", dijo en un comunicado.
Desde su lanzamiento en 2014, la Operación Autolavado reveló un enorme esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Partidistas y selectivos
Los fiscales denunciaron que las empresas privadas, incluyendo algunas de las mayores firmas de construcción de Brasil, acordaron pagar sobornos a políticos, funcionarios y ejecutivos de Petrobras para asegurar contratos lucrativos con la petrolera.
Los investigadores descubrieron que la mayoría de los contratos tenían sobreprecios, para dar cuenta de los sobornos que las compañías acordaron pagar.
El plan de retroceso costó a Petrobras un estimado de US$ 1.800 millones, dijo el jefe de la compañía, Pedro Parente, el mes pasado.
La mayoría de las docenas de personas investigadas y acusadas en relación con el escándalo fueron de la coalición gobernante liderada por el Partido de los Trabajadores de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Partidarios del partido acusan Moro y a los demás fiscales de la investigación de ser partidista y selectivos en su trabajo, centrándose injustamente en sus miembros.
La ex presidenta Rousseff fue despedida en septiembre tras un proceso de destitución en el Congreso por manipular ilegalmente el presupuesto para ocultar un creciente déficit.
El viernes, el grupo de campaña Transparencia Internacional, con sede en Berlín, otorgó su premio anual contra la corrupción a los fiscales brasileños que dirigen la Operación Autolavado.
Decenas de políticos y empresarios de alto perfil que antes eran intocables fueron condenados desde que comenzó la investigación, dijo el grupo.
