La normativa aplicable a los funcionarios de la UE, en sus artículos 28a y 49, establece que los empleados que trabajan para la UE deben provenir de un Estado miembro de la UE.
En la Comisión de la UE
El británico Jonathan Hill fue el primero en irse: renunció a su cargo en Bruselas dos días después del referendo. Hill era comisario europeo de mercados financieros y de capitales, el más alto cargo administrativo de la UE detentado por un ciudadano del Reino Unido. Unos 1.200 funcionarios británicos trabajan en la Comisión Europea. Actualmente, se prevé que, al menos, los altos funcionarios políticos, como los cuatro directores generales británicos, podrían ser retirados antes del final de las negociaciones de la salida.
El Consejo Europeo y los Comités
Varios cientos de ciudadanos del Reino Unido trabajan en el Consejo Europeo, en los Comités de las Regiones, de asuntos económicos y monetarios de la UE, y muchos otros órganos. En el período de transición, la situación de estos funcionarios británicos debe aclararse. Podría ser que incluso puedan continuar sus contratos de trabajo en Bruselas, pero Gran Bretaña tendría que pagar sus pensiones.
En el Parlamento Europeo
73 senadores británicos hay actualmente en el Parlamento Europeo. Su mandato termina, en realidad, al final de la legislatura en el verano de 2019. Hasta que su país salga oficialmente de la UE conservan su derecho al voto. Si el Reino Unido se va en 2018, sus parlamentarios tendrán que abandonar Estrasburgo un año antes.
Para los británicos más jóvenes que trabajan en el Parlamento será muy difícil encontrar otro puesto en Bruselas. Sus carreras europeas fueron truncadas por el referendo.
Los diplomáticos británicos en Bruselas
Para los diplomáticos británicos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el resultado del referendo no tiene ningún efecto. Ellos son negociadores de Gran Bretaña enviados a Bruselas y gozarán de rango de diplomático de Estados no miembro, como Turquía o EE.UU..
Los grupos de cabildeo
Los cerca de 140 integrantes de grupos de presión británicos, principalmente del sector financiero, estarán preocupados por su propio futuro. Las 50 mayores instituciones financieras del Reino Unido gastan anualmente 34 millones de euros en cabildeo en Bruselas. No siendo Gran Bretaña ya miembro de la UE, la representación de sus intereses en Bruselas podría complicarse significativamente.
En los tribunales
Luxemburgo es, junto a Bruselas y Estrasburgo, la tercera sede administrativa de la Unión Europea. También en la Corte Europea y el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) trabajan británicos. El juez británico del Tribunal de Justicia tendrá que irse. Probablemente algunos intérpretes y abogados podrán permanecer. "Estos contratos fueron firmados con los empleados individualmente", dice el sindicato respectivo, "no con el Reino Unido".
¿Razón para el despido?
La presión sobre el personal británico aumentará con el inicio de las negociaciones de salida. Más concreto que el artículo 28a es el artículo 49, en donde reza que un funcionario debe renunciar a su cargo si su nacionalidad ya no corresponde a un país miembro de la UE.
