"Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal, así como otras violaciones no calificadas de graves, imputables a personal de la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán", dijo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez. De acuerdo con el informe presentado por el organismo, en el tiroteo registrado el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, en Tanhuato, los policías también manipularon la escena del crimen, torturaron a dos detenidos y colocaron armas de fuego "deliberadamente" a 16 cadáveres. Además, una de las víctimas mostraba signos de haber sido atropellada.
Tras investigar el caso por casi un año, la CNDH determinó que las 22 personas ejecutadas se encontraban sometidas cuando elementos de la Policía les dispararon. Asimismo, señaló que los agentes federales cambiaron la posición de siete cadáveres e hicieron una "exhibición innecesaria de la fuerza" al disparar a los que se encontraban en el rancho. Los 42 civiles muertos en Tanhuato eran presuntos delincuentes vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que se enfrentaron a la Policía. En su momento, lo ocurrido fue calificado de "masacre" por los familiares de los fallecidos.
"Queremos que el gobierno y quien tenga que ser que dé la cara y castigue a las personas que lo hicieron (...) Nadie tiene el poder de matar por matar", dijo ahora Margarito Romero, el padre de una de las víctimas.
Respuesta oficial
El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, aceptó las recomendaciones emitidas por el organismo de derechos humanos, pero negó que hubiese habido ejecuciones en el caso, y dijo que sólo se actuó "en legítima defensa". "Los policías se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas y la respuesta fue con disparos", dijo en un mensaje a medios inmediatamente después de la conferencia de prensa de la Comisión. "Dieron muerte a un compañero (policía), hirieron a otro más, dispararon a tres vehículos. El uso de las armas fue necesario. Se actúa, en nuestra consideración, en legítima defensa", añadió.
El Cártel CJNG había tenido días antes de este operativo un enfrentamiento con policías federales y militares, matando a varios de ellos y derribándoles un helicóptero. El caso recuerda al de Tlatlaya, ocurrido en 2014 en el Estado de México al norte de la capital, donde 22 personas murieron a manos de militares, quienes supuestamente asesinaron a varios luego de que se habían rendido. O el de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados por miembros del crimen organizado con la complicidad de policías.
