El juez Sérgio Moro, a cargo de la investigación conocida como 'Lava Jato', abrió este martes un juicio formal contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, así como contra su esposa Marisa Léticia Rocco y otras seis personas.
Admite así la acusación formal contra el expresidente lanzadas hace unos días por el Ministerio Público de ser el "comandante máximo" de la trama de corrupción en torno a Petrobras, por la que son investigados actualmente decenas de políticos.
Los otros encausados son el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, el expresidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, y otros cuatro directivos de esta empresa. Lula y su esposa están acusados, entre otros delitos, de haber recibido de OAS, ya condenada por desvíos en la empresa pública petrolera, un apartamento en una zona costera del estado de Sao Paulo, a cambio de recibir un trato de favor en sus negocios con Petrobras.
La acusación agrega que, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 3,7 millones de reales (unos 1,12 millones de dólares) en ventajas indebidas de la OAS.
Moro aclaró que la aceptación de la denuncia no significa que se está admitiendo la responsabilidad criminal de los acusados, que tiene que ser demostrada por la Fiscalía, y dijo que necesita dejar eso claro debido a que la presencia de Lula entre los acusados "pueden darle al caso reacciones de toda especie fuera del proceso".
Fase preliminar
Lula fue acusado de tres cargos de corrupción, que conllevan una sentencia máxima de 16 años cada uno, y tres de lavado de dinero, con una posible condena de hasta 10 años por cargo. Sin embargo, si es hallado culpable la sentencia será determinada por el juez.
"Los elementos probatorios aún son cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no se exige que la demostración de la responsabilidad criminal sea concluyente sino que se demuestre justa causa (para abrir el proceso)", agregó el juez en su decisión.
"Las pruebas presentadas son suficientes para la admisión de la denuncia y para dar inicio al proceso judicial, en el que los acusados, incluso el expresidente, tendrán la oportunidad de defenderse", agregó.
Los abogados de Lula afirman que este desistió de comprar el apartamento de tres pisos en Guarujá que está en el núcleo de la denuncia, a pesar de haber pagado una cuota inicial, y que pidió que se le devolviera el dinero, así que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
Lula, de 70 años y presidente entre 2003 y 2010 como líder del Partido de los Trabajadores, rechaza todos los cargos y ve en el proceso un intento de evitar su posible regreso a la arena política con vistas a las elecciones presidenciales de 2018, para las que encuestas recientes le situaban como uno de los políticos favoritos de los votantes.
