El Tribunal Supremo de Venezuela declaró este jueves vigente el decreto de emergencia económica que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.
El decreto fue rechazado hace un mes por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, después de ser emitido por Maduro.
Pero la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, dice que el rechazo de la oposición al decreto no impide su entrada en vigor.
En la decisión, publicada en la página web del TSJ, se declara que el decreto 2.184, publicado en la Gaceta Oficial del 14 de enero de 2016 que declaró el estado de emergencia económica "ENTRÓ ENVIGENCIA DESDE QUE FUE DICTADO y su legitimidad validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume".
En la sentencia se indica, además, que "el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos".
Maduro en teoría queda con poderes constitucionales para controlar importaciones y exportaciones, auditar empresas y regular el abastecimiento.
Rechazo en la Asamblea Nacional
El pasado 22 de enero, la AN rechazó la convalidación del decreto de emergencia económica aprobado por Maduro días antes para atender la crisis de la nación petrolera por considerarlo un "cheque en blanco" para el presidente.
La propuesta fue rechazada con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la comisión especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendara su desaprobación.
La oposición dice que el TSJ actúa en favor del gobierno para quitarle a la Asamblea –que es controlada por la oposición por primera vez en 17 años después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre– sus competencias.
Economistas críticos del gobierno dicen que Maduro ya tiene y no necesita poderes especiales para resolver la escasez, la inflación y la recesión.
Ese fue además el argumento de la oposición para rechazar el decreto en la Asamblea.
El TSJ no dicta una sentencia en contra del gobierno hace 9 años en lo que muchos consideran una prueba más de que esta cooptado por el Ejecutivo.
