Con una votación que tuvo suspenso hasta el último minuto, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa obtuvo 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Sin embargo, aún debe ser revisada en el Senado, donde se definirá su futuro.
El proyecto de ley tuvo modificaciones durante su tramitación, entre las que figuran la mala praxis de los médicos y la confidencialidad de todos los datos recabados en la práctica
De acuerdo a El Clarín, la semana pasada ya se había redactado un pre-dictamen de 22 artículos que tomó de base el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
"Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos:
- Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente.
- Si estuviera en riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano.
- Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.
Entre los cambios más destacados respecto del proyecto original, se incluye la creación de un registro de objetores de conciencia en el que podrán inscribirse los médicos, pero no los centros de salud, que siempre deberán garantizar la práctica y sólo podrán derivar ante excepciones.
En el caso de las menores de 16 años, "la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario. En particular, debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído".
La mujer tendrá derecho a acceder a la práctica de manera gratuitua en un plazo máximo de cinco días, y una vez solicitada la interrupción del embarazo, el centro médico tiene que garantizarle a través de consejerías "información adecuada; atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica".
