El Gobierno de EE.UU. ha entregado a padres, familiares o allegados a más de 1.800 niños que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
A través de un documento remitido a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1.442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos a sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas", según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar. Esto eleva la cifra a 1.820 menores reunidos.
Ese total, no obstante, es inferior a los 2.551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos a sus padres antes de que finalizara este jueves, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política llamada "tolerancia cero" hacia la inmigración de la gestión Trump.
Por su parte, el Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.
El Gobierno de Trump transmitió a la corte que considera haber cumplido con el plazo, al señalar que las familias restantes no estaban en condiciones para una reunificación. En instancias previas, esto incluyó casos en los que los padres fueron considerados demasiado peligrosos o tenían graves antecedentes penales.
Reacciones
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que "se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión".
AILA pide que se libere a "las víctimas de esta estrategia de separación familiar" a fin de darles la oportunidad de asistencia legal, además de que sean regresados a EE. UU. los padres deportados para reunirse con sus hijos y sus casos "sean revisados por un juez justo e imparcial".
Según los datos que el Gobierno dio al juez Dana Sabraw de San Diego esta semana, 463 padres ya están fuera del país sin sus hijos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que fue la que demandó a la administración por las separaciones y logró la orden del magistrado, aseguró que va a intentar averiguar el paradero de esos 463 padres e indicó que algunos podrían haber abandonado voluntariamente el país tras ser separados de sus hijos.
La confusión se ha hecho patente a lo largo de todo el proceso: ha habido baile de cifras desde el principio, también a la hora de saber cuántos padres seguían estos últimos días antes del fin del plazo en centros de detención. Medios estadounidenses han informado además de niños llevados a lugares en los que no estaban ya sus padres.
HRW, por su parte, denunció en un informe la "agonía y desesperación" por la que atraviesan las familias separadas. "Cada momento de retraso en la reunificación de estas familias agrava el daño extremo de haberlos desgarrado", manifestó Michael Bochenek, de la división de derechos de los niños de la organización. "El Gobierno de Estados Unidos no parece estar tomándose seriamente su responsabilidad de afrontar inmediatamente el gran daño que ha causado y sigue causando".
La mayoría de las familias de inmigrantes procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
