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Fujimori desiste de indulto y evalúa acudir a la ONU

Fujimori desiste de indulto y evalúa acudir a la ONU
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El abogado del expresidente de Perú dijo que la ley peruana permite acudir al Comité de la ONU o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El actualmente encarcelado expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2001) habría desistido de mantener la petición de indulto presidencial para su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y evalúa recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo este viernes (19.08.2016) a la agencia Efe su abogado, Paco Castillo.

El representante de Fujimori explicó que el expresidente tiene seis meses para recurrir a ese comité de la ONU con sede en Ginebra (Suiza) desde que le fuera notificado en junio que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó en tercera y última instancia a nivel nacional el hábeas corpus presentado a esa sentencia, cuya pena cumple desde 2009.

Asimismo, el abogado indicó que la ley peruana permite acudir al Comité de la ONU o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos de violaciones de los derechos humanos al debido proceso judicial, como defiende que ocurrió con Fujimori.

Solicitud iba dirigida a Humala

"A la Corte IDH no iríamos porque desde nuestro punto de vista es muy sesgada y ha emitido opinión en favor de varios grupos contrarios y absolutamente detractores y enemigos del régimen de Alberto Fujimori", aseguró Paco Castillo.

También añadió que la decisión ya está tomada de desistir del pedido de indulto presidencial que Fujimori presentó en julio y que próximamente se presentará el escrito para que no proceda adelante.

Castillo argumentó que la solicitud, actualmente en trámite en el Ministerio de Justicia, iba dirigida al Gobierno del expresidente Ollanta Humala, "con la hipótesis de que fuera Humala quien resolviera el indulto", pero recordó que este "prácticamente lo negó" al anunciar en una entrevista televisiva que no lo indultaría.

El expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por violaciones de los derechos humanos, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a manos del grupo paramilitar encubierto Colina, y de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.

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