El gobierno argentino afronta este martes una huelga de transportistas y sindicatos opositores que amenaza con paralizar al país en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández, con elecciones generales previstas para el 25 de octubre, según informa la agencia France Presse.
La huelga está convocada en demanda de la reducción o eliminación de un impuesto que se aplica a los salarios y servirá para medir fuerzas previo al inicio de las negociaciones salariales paritarias con empresas.
La medida de fuerza, cuarta del mismo tipo desde 2012, es también una demostración de poder hacia el próximo gobierno que asumirá en diciembre.
Los sindicatos rechazan el impuesto a las ganancias que grava los salarios en escala progresiva, pero que alcanza a un universo cada vez mayor de trabajadores al permanecer invariables las escalas mínimas.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anticipó el fin de semana que el impuesto no se modificará porque "afecta a la minoría que más gana", unos 850.000 trabajadores sobre una fuerza laboral de 11 millones de asalariados, según estimaciones oficiales citadas por France Presse.
El impuesto se aplica sobre los salarios desde 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) en escalas progresivas que llegan al 35%. La renta financiera no tributa, como tampoco lo hacen los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial.
El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, criticó este lunes a los huelguistas en una rueda de prensa. "¡Qué país lindo sería si no hubiera ningún impuesto! Pero es impensado. Este impuesto se cobra en todo el mundo", dijo el funcionario.
A finales del año pasado el gobierno había logrado que los sindicatos suspendieran una huelga similar al anunciar que el medio aguinaldo de diciembre estaría exento del impuesto a las ganancias. Partidos de izquierda anunciaron este lunes que intentarán formar piquetes en accesos a la capital federal, pero sin contar con el apoyo de los sindicatos convocantes, que no harán mitines ni marchas. El gobierno se reunió este lunes con empresarios del transporte para obtener una garantía de mínimo servicio bajo la amenaza de aplicar sanciones.
"Aquel que cometa desmanes será detenido", advirtió el jefe de gabinete. Los sindicatos respondieron con dureza contra lo que entendieron como una provocación y anunciaron que de no obtener lo que buscan lanzarán una nueva huelga, esta vez por 36 horas.
"Necesitamos una mesa de diálogo. Y si siguen con las provocaciones y sin dar respuestas a los reclamos las medidas de fuerza se van a ir incrementando", advirtió el líder del sindicato de camioneros y titular de una central obrera opositora, Hugo Moyano, un ex aliado de Kirchner.
Pablo Micheli, titular de la CTA, otra central enfrentada a Kirchner, afirmó que "si no hay respuesta, esto nos lleva a un paro de 36 horas con movilización hacia la Plaza de Mayo".
En reacción, la Corriente Político Sindical Federal, que agrupa a decenas de gremios de la mayoritaria y oficialista central obrera CGT, manifestó este lunes que no se adhiere al paro, aunque admitió "la legitimidad del reclamo" de los trabajadores. La Corriente exhortó a los huelguistas a "enfrentar a los verdaderos enemigos, las corporaciones económicas que pugnan por el retorno a un pasado que sólo supo generar desocupación y pobreza".
La huelga amenaza con paralizar el transporte público de buses, trenes, metros, aviación comercial -incluidos los vuelos de LAN-, transporte fluvial y de cargas, en tanto también se plegaron los sectores de médicos, bancarios y gastronómicos, entre otros.
