Esta semana la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se prepara para una de sus semanas más difíciles para mantenerse en el poder.
Se espera que en las próximas horas la oposición ponga en marcha los engranajes en el Congreso para iniciar el proceso de "impeachment" o juicio político contra la mandataria.
En este escenario, la Presidenta acortó su visita a la casa de su hija en Porto Alegre y regresó a Brasilia, donde convocó el domingo a los miembros más cercanos de su núcleo político: el jefe de Gabinete, Jaques Wagner; el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo; el secretario de Gobierno, Ricardo Berzoini, y su asesor especial Giles Azevedo. Ese equipo analizó las alternativas que tienen en el Palacio de Planalto para enfrentar un juicio político.
Pero el "impechment" no sólo puede llegar desde la oposición sino que del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que ya se declaró abiertamente contrario a Rousseff pese a pertenecer al principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDM), según aseguró Folha de Sao Paulo.
Cunha declaró que tomará una decisión este lunes sobre el pedido que llegó a sus manos y que elaboró el jurista Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT que se ha dicho abiertamente decepcionado del gobierno.
El Presidente de la Cámara puede aceptar o rechazar este pedido, como ya ha sucedido con varios otros.
Eso sí, en el gobierno temen sobre las últimas revelaciones sobre Cunha que apuntan a que él y sus familiares habrían recibido unos cinco millones de dólares provenientes del esquema de corrupción en Petrobras. Y que ante esto, es posible que el presidente de la Cámara de Diputados se incline esta vez por dar continuidad al proceso para generar un ruido político que acalle sus problemas judiciales, de acuerdo con el mismo medio.
De ser aceptado el pedido del "impeachment", la solicitud pasaría a una comisión es'¿||pecial antes de ser sometido al plenario, donde necesitaría de dos tercios de la cámara para su aprobación. En ese escenario, la presidenta sería separada de su carga hasta que el Senado vote su destitución en 180 días. En ese tanto, asumiría el vicepresidente Michel Temer.
