Por Pedro Schwarze
Ha sido la disyuntiva permanente de la oposición venezolana desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999: participar o marginarse de los desafíos electorales que les presenta el oficialismo. Y en cada una de esas ocasiones la disidencia salió derrotada con las excepciones del referendo constitucional de 2007 y de las elecciones legislativas de 2015, ambos triunfos opositores pírricos, ya que el chavismo se la arregló para terminar modificando la Constitución y para ignorar al Poder Legislativo.
La semana pasada el oficialismo –por boca de su “número dos”, Diosdado Cabello, y con el respaldo de la cuestionada Asamblea Constituyente- hizo una nueva apuesta y convocó a unas adelantadas elecciones presidenciales que deben celebrarse antes del 30 de abril. La jugada, que más bien parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro de huir hacia adelante en medio de la peor crisis política, social y económica que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, sorprendió a la oposición en un momento complejo, marcado por una profunda división interna y cuando sus líderes más destacados y populares imposibilitados de ser candidatos presidenciales.
El chavismo tiene claro quién es su postulante: Nicolás Maduro. Pero la oposición no solo no tiene un abanderado sino que no ha resuelto de forma unitaria si participará o boicoteará los comicios. “Las opciones básicas son participar o no participar; pero antes que nada y en adelante, presionar tanto como sea posible para que las elecciones sean justas, comenzando por la fecha, pero incluyendo también el tema de la composición de la autoridad electoral para garantizar su autonomía que es parte de todo lo relativo al cumplimiento de lo que la Constitución y las leyes señalan para procesos electorales”, explicó a T13 Semanal la analista política y catedrática venezolana Elsa Cardozo.
Según el presidente de la encuestadora Datanalisis, Luis Vicente León, la oposición venezolana corre el riesgo, el más peligroso de todos, de no ser capaz de lograr una decisión unitaria en torno a las elecciones, ya sea boicoteándolas o participando en ellas. “Puede que la oposición convoque a la abstención y de todas manera hayan candidatos opositores, con lo que se fracture ese sector, y entonces no ganen ni el que participa ni el que no participa. El que participa no gana porque no votan todos y el que se abstiene no logra mantener el mensaje, porque hay votación. Ese sería el peor de todos los escenarios para la oposición”.
De cualquier forma está muy fuerte en la memoria colectiva la decisión de los partidos detractores de la revolución bolivariana de Chávez de no participar en las elecciones legislativas de 2005, algo que hizo que –sin dificultades- la Asamblea Nacional quedara controlada por el oficialismo. Pero también pesa, en la actual disyuntiva de competir o marginarse, el hecho de que en los últimos procesos electorales, como los comicios regionales y municipales de agosto y diciembre de 2017, se han multiplicado las denuncias de fraude, irregularidades y manipulación por parte del chavismo y los organismos electorales, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Siempre se puede aprender del pasado con respecto a las elecciones en las que la oposición no participó y obviamente terminó simplemente teniendo que aceptar a los elegidos de esos eventos como la Asamblea Nacional, como los alcaldes, etc. Pero yo creo que este evento es muy particular y muy especial. En este momento la oposición ha perdido su capacidad de unificarse que sí era algo que tenía en el pasado: las abstenciones en el pasado eran unidas, igual que las participaciones. No se ganaba por otros factores, pero la oposición había logrado tener una fuerza unitaria que siempre es muy importante y eso en este momento se ve muy difícil”, sostuvo León.
Parece haber una inclinación a no participar en la contienda, pero no es unánime. De hecho, algunos partidos opositores, como la histórica Acción Democrática (AD), consideran que las elecciones presidenciales son una oportunidad que no se debe dejar pasar para impulsar una transición política que pueda poner fin a los 18 años de chavismo.
Sin embargo, tampoco tienen un rostro de peso que pueda lograr una candidatura unitaria. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, cumple arresto domiciliario por una condena a casi 14 años; el ex candidato presidencial y líder de Primero Justicia Henrique Capriles, fue inhabilitado en abril por la justicia para ejercer cargos públicos por 15 años, y Antonio Ledezma, el ex alcalde metropolitano de Caracas, está exiliado en Madrid. Eso sin contar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la semana pasada que suprimió como alianza electoral válida a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Hasta ahora el ex gobernador del estado de Lara, Henri Falcón, y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, han expresado sus intenciones de liderar una opción opositora en los comicios que podrían celebrarse el próximo 15 de abril. Sin embargo, ninguno de esos políticos logra un apoyo unánime en la filas de la disidencia.
Dos ingredientes adicionales e importantes en todo esto son las negociaciones entre gobierno y oposición que se han llevado a cabo en Santo Domingo (República Dominicana) y que debería concluir en Caracas, que entre otras cosas busca dar algunas garantías en los comicios, y la presión internacional, ya que muchos países, como los reunidos en el Grupo de Lima, se han negado a dar un reconocimiento a la convocatoria por lo que eventualmente tampoco reconocerían los resultados que surjan de esa elección.
“La comunidad democrática internacional está alineada con la idea de que las elecciones deben ser justas y, de no serlo, apoyarían la no participación”, afirmó Cardozo. Y en eso las sanciones sobre el gobierno chavista podrían ser un nuevo factor a considerar. “Tanto las sanciones individuales como las financieras y sus efectos colaterales ha sido y están ejerciendo una presión muy importante en dos sentidos. Sobre funcionarios que ven reducirse sus posibilidades de movilización personal y familiar, y de recursos. Sobre un gobierno que, habiendo sofocado al sector productivo privado y arruinado al sector petrolero estatal, ha visto reducirse drásticamente sus ingresos y su capacidad y credibilidad para obtener préstamos y créditos en el exterior”, destacó la analista.
