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Tres víctimas de esterilización forzada demandan al gobierno de Japón

Tres víctimas de esterilización forzada demandan al gobierno de Japón
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Estas acusaciones forman parte de un movimiento que exige que el estado indemnice a las víctimas y pida perdón.

AFP

Tres personas que fueron esterilizadas por la fuerza gracias a una ley eugenésicas demandaron este jueves al gobierno de Japón por considerar que su vida fue arruinada por la operación.

Estas nuevas acciones ante la justicia se producen después de que un primer caso fuera interpuesto este año. 

"Espero que otras víctimas, que han sufrido durante décadas al igual que yo, van a alzar sus voces y unirse a nosotros" en la búsqueda de justicia, dijo un hombre de 75 años que interpuso una demanda en Tokio. 

"Quiero que el gobierno admita la verdad y quiero recuperar mi vida", dijo a los periodistas, ante los cuales se identificó con el pseudónimo de Saburo Kita. 

Kita fue esterilizado cuando era un adolescente.

Años después se casó pero no le dijo nada a su esposa, revelándole esa terrible la verdad sólo cuando ella se encontraba en el umbral de la muerte en 2013. 

Kita pide una indemnización de 30 millones de yenes (273.000 dólares, 230.000 euros), dijo su abogado Naoto Sekiya.

De forma simultánea otras dos personas interpusieron querellas en otras regiones del país este jueves. 

"El parlamento falló al no tomar las medidas" necesarias para abolir las leyes que posibilitaron las esterilizaciones forzadas, dijo Sekiya a los periodistas.

"Y también falló la administración al aplicar disposiciones que violaban claramente la Constitución, incluso en esa época", agregó.

El ministerio japonés de Salud admitió que cerca de 16.500 personas fueron esterilizadas a la fuerza siguiendo leyes eugenésicas que estuvieron vigentes entre 1948 y 1996.

La ley permitía que los médicos esterilizaran a personas con discapacidades intelectuales transmitidas genéticamente.

Otras 8.500 personas fueron esterilizadas con su consentimiento, según las autoridades, aunque los abogados afirman que incluso esos casos fueron "de facto" debidos a las presiones que sufrieron las víctimas o sus familiares. 

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