Aunque los venezolanos describen la escasez de alimentos como su principal problema, no pasa un día sin que el Gobierno y la oposición se esmeren en propinarse la estocada final. Mientras tanto, la crisis continúa.
El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz comentaba este miércoles en Twitter que estaba recopilando “cuentos de hambre para que no se olviden cuando surja la próxima aventura populista”. Aludía, por un lado, a la escasez de alimentos que aflige a sus compatriotas desde hace ya meses y, por otra parte, a la “Revolución Bolivariana” iniciada por el presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro.
Uno de los “cuentos de hambre” más recientes y escabrosos: este 25 de julio, la Fiscalía anunció que investigaría el robo de un caballo que fue descuartizado “para despojarlo de su carne”.
Ese mismo día, la encuestadora Venebarómetro publicó los resultados de un sondeo según el cual el 75,5% de los venezolanos describe el desabastecimiento como su principal problema. Apenas el 38,8% dijo comer tres veces al día; un 44% admitió que lo hacía dos veces y un 17%, sólo una. Aunque el Parlamento local ha descrito la situación imperante –empeorada por la falta de medicamentos– como una “crisis humanitaria”, los emisarios del Gobierno la niegan cuando asisten a foros internacionales. Y no hay instancia extranjera que pueda obligar a Caracas a aceptar ayudas que no ha pedido formalmente.
Bien puede ser esa una de las razones por las que la prensa mundial presta menos atención al progresivo agravamiento de la falta de alimentos en Venezuela y más a los factores de los cuales parece depender la solución de ese estado de cosas: el avance o retroceso de las negociaciones previas al diálogo oficialismo-oposición que mediadores externos intentan propiciar y de los esfuerzos del antichavismo por revocar el mandato de Maduro. El 88,4% de los consultados por Venebarómetro votaría a favor de interrumpir su gestión.
El forcejeo continúa
Este 27 de julio volvió a hablarse del forcejeo entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor coalición de partidos opositores, y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyas fichas controlan todas las instituciones del Estado menos el Parlamento. Los antichavistas marcharon hacia la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que deje de frenar el proceso de activación del plebiscito revocatorio, a pesar de que sus rectores advirtieron que suspenderían sus actividades si se intentaba ejercer presión sobre la institución.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, justificó la movilización alegando que tomar las calles masiva y pacíficamente siempre le había permitido a la oposición alcanzar sus propósitos. Su objetivo pendiente: conseguir que la máxima autoridad electoral cumpla con los lapsos que ella misma impuso para organizar el referendo este mismo año. A principios de junio, el CNE dijo que sería este martes cuando haría pública la validación de las firmas recolectadas hace meses para solicitar la realización del plebiscito. Llegada la fecha, el organismo incumplió su palabra y pospuso el anuncio para el 1 de agosto.
Hasta que el CNE no se pronuncie al respecto, la MUD no podrá cumplir con el siguiente requisito: la recogida de 3,9 millones de firmas, equivalentes al 20% de los electores e imprescindibles para convocar al referendo.
“¿Van anular el registro de la MUD como partido político?”
Además, este mismo martes, voceros del partido de Gobierno denunciaron ante el CNE que la MUD había cometido “el más gigantesco fraude electoral” en la historia nacional al incluir entre las 409.313 firmas recogidas hasta ahora para apoyar el plebiscito 307.707 rúbricas que no cumplen con uno o más criterios técnicos; según los oficialistas, 53.658 de ellas presentan fallas “muy graves”, como pertenecer a personas fallecidas, no registradas o menores de edad. Los portavoces del PSUV procedieron a exigir que a la MUD se le retiraran sus credenciales de partido político. De momento, nadie puede saber cómo terminará este episodio.
“¿Van anular el registro de la MUD como partido político?”, preguntaba Torrealba retador. “Eso significaría dinamitar la política venezolana; acabar con la política en Venezuela”, acotó el timonel de la alianza antichavista.
Las mismas personalidades que le atribuyeron fraude electoral a la MUD insisten en que los líderes opositores acepten la invitación de Maduro al diálogo promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La MUD ha enfatizado que no se sentará a hablar con el Gobierno hasta que el CNE no defina la fecha para entregar un nuevo lote de firmas con miras a activar el referendo. ¿Está trancado este juego de ajedrez? No del todo; los antichavistas aseguran que las condiciones para el diálogo se hicieron más auspiciosas luego de que el Ejecutivo aceptara liberar a 28 de las 37 personas que la MUD considera presos políticos.
Todo tiene un “pero” en Venezuela
El oficialismo también accedió a que se ampliara el grupo de mediadores sugerido por la UNASUR para incorporar a un representante del Vaticano. No obstante, el monseñor Aldo Giordano, nuncio en Caracas, dejó saber que, aunque está “listo” para intervenir en el diálogo, el Vaticano no ha recibido una invitación oficial todavía. Todo tiene un “pero” en Venezuela. Y aunque no pasa un día sin que tirios y troyanos clamen haberse propinado la estocada final, nada apunta a que la crisis política e institucional de esa nación caribeña se disipará pronto.
En su artículo más reciente, el sociólogo Nicmer Evans, vocero de Marea Socialista, una formación chavista que critica airadamente al Ejecutivo de Maduro, argumenta que “ni aunque venga el Papa [a Venezuela] podrá establecerse un diálogo verdadero, con frutos concretos para el pueblo venezolano, mientras se preserve el [actual] esquema de negociación. Es sencillo: un país donde, según la última encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, el 55% [de la población] no se identifica ni con la oposición ni con el Gobierno, no puede verse representado en un diálogo entre dos cúpulas que sólo representan al 45% [de los venezolanos]”.
