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Caso Basura: alcalde de Colina será formalizado por presunto fraude al fisco

La diligencia, emanada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, investiga posibles irregularidades cometidas por Mario Olavarría Rodríguez desde 2010.

Crédito: Agencia Uno
Ministerio Público

Este jueves, en el marco de la denuncia por presuntas irregularidades en la licitación del servicio de retiro de basura, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago solicitó la formalización del actual alcalde de Colina, Mario Olavarría Rodríguez (UDI), por presunto delito de fraude al fisco cometido desde el año 2010.

La solicitud para la audiencia fue presentada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, con el fiscal regional José Luis Pérez Calaf junto a los fiscales Tania Mora y José Solís, y además se pidió para Isabel Margarita Valenzuela, Jessica Severino Mancilla, Marcela Morales Aliste y César Antonio Vidal, por los mismos delitos.

La solicitud apunta a fraude al fisco, pues la fiscalía tendría antecedentes para establecer que dos funcionarios públicos que trabajaban en Colina y que serán formalizados -Marcela Morales y César Vidal- emitieran boletas de honorarios al municipio por servicios que nunca prestaron, siendo el alcalde el que habría dado el visto bueno para que ambos se desempeñarán ahí.

Mario Olavarría, alcalde de la comuna de Colina y presidente de la Asociación Municipal de ediles de oposición, está en plena campaña por la reelección. Ocupa el sillón edilicio desde el año 2000.

Origen del caso

El 3 de agosto de 2015 comenzó ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para formalizar la investigación por el denominado Caso Basura, en la que se formularon cargos por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero a un total de 18 imputados.

Esta indagatoria por licitaciones fraudulentas se suma a la investigación por irregularidades en la licitación de la basura que la Fiscalía inició el 2011. Esta se refiere a los supuestos pagos de KDM y la empresa Proactiva a varios concejales de Maipú, caso por el cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en 2013.

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