El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a cinco funcionarios en retiro de la Armada por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y torturas.
Los delitos fueron cometidos contra José Miguel e Isabel Verónica Sánchez Larraín (menores de edad a la época de los hechos), ilícitos cometidos en agosto de 1974 en el sector de Belloto, comuna de Quilpué.
En el fallo, el ministro Arancibia condenó a Pedro Victoria Frioli Otonel, Manuel Alejandro Buch López, Arístides León Calffas y Guillermo Retamales Ruiz, como autores de los ilícitos, a 541 días de presidio; y a Germán Patricio Valdivia Keller a 60 días, como cómplice.
A los condenados Frioli, Buch y León se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena; en tanto, Retamales y Valdivia deberán cumplirlas efectivamente.
En la etapa de investigación, el magistrado logró establecer los siguientes hechos:
"Durante el mes de agosto de 1974, alrededor de las 00:00 horas, la casa de las víctimas, menores de edad a esa época, ubicada en el Séptimo Sector de Belloto Sur, fue allanada por un gran número de funcionarios de la Armada de Chile, provenientes de la Base Aeronaval de El Belloto".
El fallo sostiene que "el propósito del allanamiento fue para busca a la hermana mayor de las víctimas, de quien se decía que pertenecía a las Juventudes Comunistas. Al momento que ocurren los hechos, las víctimas estaban a cargo de su hermana mayor, por encontrarse su madre trabajando de enfermera particular en la ciudad de Viña del Mar. A pesar de ello, ésta fue llevada por los uniformados a la Base Aeronaval de El Belloto. Que al momento en que la patrulla naval ingresó al domicilio, produjo diversos destrozos a la vivienda, además de sustraer las especies de valor que en ésta se encontraban.
"En diversas ocasiones, durante la detención de las víctimas, ellas fueron golpeadas con el arma que portaban los uniformados, mientras éstos revisaban y registraban las habitaciones buscando armas. La patrulla naval estuvo apostada al interior del domicilio hasta el día siguiente, después de haber dormido y consumido todo el alimento que había en la casa, manteniendo con ello secuestradas a las víctimas al interior de su propio hogar".
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 35 millones de pesos a cada una de las víctimas por el daño moral provocado.
