Junto con exponer las "inhumanas" condiciones en que viven los reos de los centros penitenciarios de la Región Metropolitana, la Corte de Apelaciones acusó demoras en la entrega de beneficios decretados por parte de la Comisión de reducción de penas de la ley 19.856.
El informe dado a conocer este martes sostiene que muchos internos de centro de detención preventiva Santiago Sur "manifestaron haber sido beneficiados con la reducción de las condenas, quedando por esa vía con sus condenas cumplidas tiempo antes de efectuada la presente visita, y no obstante ello, permanecían privados de libertad por demoras en la tramitación de sus respectivos decretos por parte del Ministerio de Justicia, los que aparentemente devienen de las tardanzas injustificadas en la remisión de los antecedentes necesarios a dicho Ministerio por parte de Gendarmería de Chile".
"Cualquiera sea la situación en uno u otro caso, lo constatado es una situación recurrente de personas que permanecían privadas de libertad no debiendo estar en tal calidad. Desde luego, constatada aquella ilegalidad, se procedió a recibir y tramitar de inmediato los recursos de amparo que en cada caso ameritaba", señala la Comisión de visita a los recintos penitenciarios de la capital, que realizó inspecciones durante el segundo semestre de 2015.
Junto con las tardanzas en la concreción del beneficio, el informe expone que “se detectaron numerosos casos de internos que desconocen su situación particular al respecto, o se quejan de haber sido excluidos de dicho beneficio sin conocer exactamente el motivo de dicha exclusión, lo que denota falencias nuevamente en los mecanismos internos de notificación de las resoluciones emanadas de la comisión respectiva hacia la población penal".
Programas de reinserción: Sujetos a la autogestión y sin políticas de planificación
Otro punto crítico del informe señala que parte de los programas de reinserción son organizados por los propios reos, evidenciando una falta de políticas en esta materia.
Pese al "sombrío panorama" en el centro Colina II -donde se denunciarion "condiciones inhumanas", "pestilencia" y "hedor" en celdas- la Corte de Apelaciones destaca que "en varios módulos se observó la existencia de talleres auto gestionados, que utilizan materiales reciclables para confeccionar escobillones, capturar y almacenar energía solar, conservar huertos".
La Comisión visitadora señala que esto "merece ser apoyado de manera más contundente por Gendarmería y la sociedad, instando de esta forma por la necesaria e imprescindible deber de resocialización y reinserción en la comunidad”.
En el caso de Santiago Sur, se describe que "muchos de los talleres existentes al interior del penal en realidad responden únicamente a la inquietud de los propios internos, quienes los autogestionan, sin una planificación que permita un mejor aprovechamiento de los recursos de los propios sentenciados y sin que estos puedan vender sus productos sino con la intervención de terceros".
"A lo anterior se une la dificultad para el in grueso de materiales de trabajo, sin que exista una reglamentación clara que regule tal situación, quedando aparentemente entregada tal autorización, a la buena voluntad de quien está encargado de otorgarla", agregan.
En este contexto la comisión plantea que se deben dedicar esfuerzos para dotar a los internos “los elementos y medios necesarios, y consecuencialmente canalizar este interés, de forma de procurar la tan anhelada resocialización de quienes se encuentran privados de libertad”.
Corte advierte sobre hacinamiento en cárceles: "Condiciones absolutamente inhumanas en Colina II
