En octubre de 2015, el Primer Juzgado Civil de Temuco había concluido el pago de $ 30 millones por concepto de daño moral y lucro cesante.
La Corte de Apelaciones de Temuco decidió revocar el fallo del Primer Juzgado Civil de la ciudad, en octubre de 2015, que obligaba al Estado a indemnizar con $ 30 millones a la machi Francisca Linconao.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada concluyó que "la parte demandante no acreditó ningún hecho que diera sustento a su petición".
Luego del allanamiento realizado el 4 de enero de 2013, en el marco de la investigación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, Linconao acusó supuestos maltratos físicos y psicológicos que había sufrido el 4 de enero de 2013.
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