Un grupo de expertos de Naciones Unidas hizo un llamado a Chile a no juzgar a comuneros mapuches bajo la ley antiterrorista. Esto en medio de la polémica por la situación de los comuneros mapuche investigados por su rol en la quema de una iglesia en Padre Las Casas, en 2016.
Si bien el gobierno retiró la invocación a la ley antiterrorista, la fiscalía se ha opuesto a esta medida contra los comuneros, quienes se mantienen en prisión preventiva.
“Los cargos en contra de estos individuos deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria” dijeron los expertos.
Además, agregaron que “los miembros de la comunidad indígena han sido privados de su libertad por 16 meses. La Ley Antiterrorista no ofrece las garantías necesarias para un juicio justo, mientras que su uso pone en riesgo la estigmatización de las comunidades indígenas. Además, pone en duda el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.”
La aplicación de legislación antiterrorista debilita la posibilidad de un juicio justo y hace menos probable que la verdad de lo sucedido sea esclarecida.
“Instamos a Chile a que se abstenga de usar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches, que buscan reclamar por sus derechos”, añadieron.
Los expertos también hicieron énfasis en que la legislación contra el terrorismo debe ser redactada de manera precisa para asegurar que esta solo sea aplicada a situaciones que verdaderamente amenacen la seguridad nacional.
“La Ley Antiterrorista debe ser revisada para evitar conceptos jurídicos indeterminados, pues ellos permiten su aplicación a situaciones que deben ser reguladas por el sistema de justicia ordinaria”, agregaron.
Chile ha asegurado previamente que la Ley Antiterrorista no sería usada en contra de miembros de la comunidad mapuche, agregaron los expertos, señalando que no era la primera vez que se planteaban preocupaciones respecto de los derechos humanos en este asunto.
La declaración fue redactada por Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
