Después de tres días de audiencia, finalmente solo cuatro de los 15 imputados por el denominado fraude en Carabineros, acusados de malversación de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de activos, quedaron en prisión preventiva tras la resolución de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, que acogió así parcialmente la solicitud del Ministerio Público que pedía dicha medida cautelar para seis de los formalizados.
Quienes quedaron con la medida cautelar más gravosa fueron Claudio Venegas, Patricio Morales, César Fernández y Jaime Valenzuela.
Respecto de estos imputados, la magistrada señaló que "atendido que efecitvamtne la imputación penal respecto de ellos es mayor que el resto de los imputados aquí presentes, el tribunal dio por acreditado el delito de malversación de caudales públicos por lo tanto se entiende que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, coincidente con los argumentos entregados por el Ministerio Público en cuanto además arriesgan cumplimiento en carácter efectivo, teniendo presente el bien jurídico vulnerado".
En tanto, se decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados para Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Sergio Collao, Juan Pablo Muñoz, Víctor Escobar, Juan Moraga, David Vega, Carla González, Patricio Miranda y Patricio Rojas. Mientras, Claudio Arriagada quedó con arresto domiciliario nocturno, medidas serán efectivas a partir de mañana.
Con su decisión, el tribunal además rechazó casi por completo la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que pidió prisión preventiva para los 15 imputados. Al argumentar su decisión, la jueza indicó que "el tribunal va a resolver en torno a las peticiones del Ministerio Público por carecer de mayor sustento fáctico las apreciaciones del CDE, atendido que el Ministerio Público durante su exposición sí ha hecho diferencia de por qué va a solicitar cautelares más intensas respecto de unos imputados".
Durante la audiencia de formalización, que se extendió por tres días, la fiscalía, encabezada por el persecutor regional de Magallanes Eugenio Campos, dio a conocer que el monto del fraude asciende a $16.500 millones, calificándolo además como "el más grande en la historia de Chile" y advirtiendo que la cifra volverá a subir.
El rol clave en la modificación de archivos
Durante su intervención, el CDE dejó en evidencia otro detalle en la forma en que operaba la organización para defraudar al Estado, destacando el rol de los imputados Patricio Miranda y Patricio Rojas, que fueron los únicos que no fueron formalizados por lavado de activos, pero que tenían un rol clave en el fraude.
Al respecto, el abogado del organismo aseguró que "son personas al interior de esta unidad de remuneraciones de antigua data, recibieron pagos por la conducta que se les está imputando, modificaron los archivos planos, las nóminas que se remitían al BancoEstado. Este delito no se podía haber comertido sin estas personas".
Además agregó que "no eran reemplazables... el delito no pudo cometerse si no es por la participación de ellos, son los únicos que no están imputados por lavado de activos".
Todo esto, fue ratificado por el tribunal, que en su oportunidad aseguró que en el caso de Miranda y Rojas, "efectivamente abarca solo la malversación de caudales públicos, se tiene por acreditado que efectivamente estaban a cargo de la remisión de datos junto a Luis Vilches de los archivos planos que eran enviados a BancoEstado".
