El gobierno anunció, la mañana de este viernes, que enviará un proyecto de ley que expulsará a los estudiantes que comentan actos de violencia en establecimientos educacionales, esto a raíz de los últimos incidentes ocurridos en el Instituto Nacional y Liceo de Aplicación.
"Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor", señaló la Ministra Cubillos.
Por su parte, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri dijo que "no tengo problemas en ejercer la autoridad, para eso fui elegido. Pero siempre he dicho que necesitamos herramientas legales que nos permitan ejercerla, que es lo que quiere nuestra comunidad educativa".
La Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, afirmó que "es el momento de decir basta. Y es por eso que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, enfrenta este tema llevándolo al Congreso. Y queremos pedir ayuda a los parlamentarios".
Los rectores agradecieron el envío del proyecto por parte del Mineduc señalando que esto es un “fuerte apoyo a la Educación Pública”. Al respecto, el rector del Instituto Nacional expresó que "esta medida nos dan algunas herramientas más a los directivos para garantizar a todos los miembros de nuestra comunidad un espacio de encuentro y aprendizaje, así que agradecemos esta iniciativa”.
Su par del Liceo de Aplicación, Humberto Garridoa agregó que "este proyecto es un apoyo a la educación pública. Estamos con toda la energía para tirar este carro hacia arriba y esta iniciativa va en pro de esa meta"
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto se ingresará la próxima semana para su tramitación y busca modificar el DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación.
Este cambio permitirá que, ante hechos graves de violencia, el director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula. Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda.
Se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.
El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula se aplicará a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:
- Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa
- Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos
- Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa. En especial aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
