El magistrado Omar Astudillo, designado el 13 de noviembre de este año para investigar el millonario fraude ocurrido en el Ejército denunciado por la misma institución en abril de 2014, requirió a la PDI que conformara un equipo especial de detectives para indagar los antecedentes referentes a las facturas falsas que la institución castrense habría emitido por $3.300 millones.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el juez pidió que el grupo estuviera integrado por los mismos efectivos que trabajaron con él durante la indagatoria del caso EFE, que involucró un fraude al fisco entre los años 2003 y 2005. Así, finalmente quedó a cargo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
En abril de 2014 el propio Ejército detectó y denunció irregularidades monetarias en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que, en ese minuto, bordeaban los $103 millones. Estas se habrían originado a través del pago de facturas a empresas privadas por concepto de adquisición y contratación de servicios para reparaciones de vehículos militares, cuyos trabajos eran ficticios.
De este modo, aquellas facturas, que el Ejército cancelaba mediante su tesorería con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eran adulteradas.
En la investigación ya han declarado miembros del alto mando, entre ellos el general Héctor Ureta, ex comandante de la División de Mantenimiento y quien pasará a retiro a fines de este mes. Este oficial habría apuntado como principal responsable de lo ocurrido al CAF, señalando también a otros responsables involucradas.
Respecto de lo investigado, el coronel José Urrejola, fiscal general militar del Ministerio Público Militar, destacó que “se trata de un delito grave, por el cual se ha sometido a proceso a cinco funcionarios militares, dos de ellos privados de libertad”.
