Mediante un envío masivo de notificaciones, se le comunicó a empresas vinculadas al financiamiento irregular de la política en los casos relacionados a SQM y Penta, que debían presentarse al Tribunal Tributario y Aduanero para presentar sus reparos y atenerse al pago de multas por infracciones tributarias.
Con esto, el Servicio de Impuestos Internos confirma su posición de optar por una vía pecuniaria y no penal para dar una salida a estos casos, ya que la institución es la única que tiene la capacidad de presentar querellas y denuncias por delitos tributarios.
De acuerdo con La Tercera, mediante estos procedimientos las arcas fiscales se verían favorecidas con más de mil millones que vendrían desde el pago de las multas por parte de las empresas involucradas en el otorgamiento de facturas ideológicamente falsas.
Las empresas que caerán dentro de este procedimiento son aquellas que se auto denunciaron tras el llamado del Director del Servicio en al año 2015. En ese entonces, Michel Jorratt invitó a las empresas a auto denunciarse mediante la rectificación de sus impuestos, con lo que se descartaría la vía penal en estos casos y se dejaría solo para aquellos de mayor gravedad.
Quien se mostró en desacuerdo con esta mediada y con la facultad del Servicio para presentar o no querellas fue el jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien indico que, a su juicio, "los delitos tributarios, por su gravedad y por afectar al conjunto de la sociedad, deberían ser de acción penal pública y no dejarlos en manos de un organismo administrativo" y agregó que "esto no es una crítica al SII, sino la constatación de hechos y el cuestionamiento a la legislación”.
