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Suprema acoge recurso de ex rectora de U. de Aysén y califica de "ilegal y arbitraria" su remoción

El fallo del máximo tribunal determina que Roxana Pey "fue removida sin esgrimir motivos reales y fundados", por lo que se ordena el pago de seis meses de remuneraciones. Sin embargo, se desestimó su reincorporación.

Crédito: Flickr: Mineduc
Roxana Pey

Por considerar la destitución de la ex rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, un acto "ilegal y arbitrario", la tercera sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por Pey, ordenando el pago de seis meses de remuneraciones.

En fallo dividido, el máximo tribunal determinó además que no se puede pedir la restitución de Roxana Pey en el cargo ya que "una vez que asume la nueva rectora, se publican los estatutos de la Universidad de Aysén, el 4 de febrero de 2017, adquiriendo la casa de estudios en plenitud la Autonomía Universitaria, por lo que el nombramiento y remoción del rector ya no es una facultad de la Presidenta de la República, pues deben operar las instancias y órganos previstos en el referido instrumento. Lo anterior es trascendente, toda vez que no obstante lo ya razonado, determina la improcedencia de ordenar la reincorporación de la actora en su calidad de Rectora de la Universidad de Aysén, pues tal decisión implicaría no sólo vulnerar el derecho de defensa de la rectora Marshall, sino que además se afectaría la Autonomía Universitaria de la casa de estudios superiores de Aysén".

La Corte Suprema además estimó que se le deben cancelar seis meses de remuneraciones "como medida paliativa de carácter alimenticio y sin perjuicio de las acciones ordinarias que la actora pueda impetrar".

Roxana Pey fue destituida de su cargo luego que el gobierno acusara una "falta de alineamiento" con el plan del Ejecutivo en materias de educación, dado que Pey se rehusó a presentar su renuncia, la Contraloría tuvo que intervenir, autorizando su salida en agosto del año pasado.

En el recurso de protección presentado ante la Corte Suprema, la ex rectora sostuvo que el decreto de remoción constituyó una “desviación de poder" por parte de las autoridades encargadas de firmar el documento, que en este caso fueron el ministro de Interior, Mario Fernández, y la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, quien ejercía de ministra subrogante.

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