“Sin marco regulatorio no puede haber gratuidad”. Esta fue la reacción de los rectores de las universidades estatales tras conocer el anuncio de la extensión de la gratuidad hacia planteles privados que cumplan con requisitos.
El Consorcio de las Universidades del Estado –Cuech- manifestó que “no puede haber extensión de la gratuidad a las instituciones de educación superior sin un marco regulatorio previo”.
“Es necesario que se asegure primero que los fondos públicos van a ir destinados a la educación, a la calidad y al bienestar de los estudiantes. Asimismo, es necesario que esté garantizada en estos planteles la libertad de enseñanza, la autonomía, la promoción de los derechos humanos y la contribución a la generación de conocimiento”, remarcaron los rectores de las universidades estatales del Consejo de Rectores.
Por otro lado, los rectores del Cuech plantaron que “desde el momento en que se les hará extensivo este beneficio, dichas instituciones privadas deben regirse por las mismas normas de transparencia en el uso de sus recursos, a las cuales respondemos los planteles públicos”.
“Las universidades estatales estamos sujetas al control que ejerce la Contraloría General de la República y a las normas de Ley de Transparencia, que no son aplicables a las instituciones privadas de educación superior. En la actualidad, somos los únicos planteles que tienen doble exigencia de contabilidad, desde lo gubernamental y desde el sector privado”, explicaron.
Por otro lado, recordaron que “las universidades del Estado de Chile somos las únicas instituciones de Educación Superior en este país que tenemos la obligación de tener transparencia activa y esto debe ser una exigencia obligatoria para todas aquellas instituciones quienes reciban recursos públicos”.
Si bien aún no existe claridad sobre las universidades que recibirán gratuidad, el gobierno ha definido como criterios el que tengan al menos cuatro años de acreditación, que no estén controladas por sociedades comerciales (es decir, que no tengan lucro) y que cuenten con mecanismos participativos en la toma de decisiones.
En este contexto, los rectores manifestaron que “es importante garantizar que estos recursos sean íntegramente reinvertidos en el proceso formativo de los estudiantes, por lo que esperamos que estas instituciones de educación superior estén constituidas como corporaciones privadas sin fines de lucro, no cuenten con sociedades comerciales entre los integrantes de esta corporación y sean propietarias de un alto porcentaje de los bienes inmuebles de la institución”.
Nuevas universidades en O’Higgins y Aysén
Por otro lado, los rectores de las estatales valoraron la creación de dos nuevas universidades estatales.
“Esta ley se enmarca en el compromiso del gobierno de fortalecer la educación pública, como eje de la Reforma Educacional”, destacaron.
Los rectores enfatizaron que “creemos firmemente que, sin educación pública de calidad, garantizada por instituciones estatales, se está en serio riesgo de aumentar la segregación, inequidades y la falta de cohesión social en un país cada vez más diverso”.
