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Caso Cascadas: el nuevo golpe ad portas de la formalización y la arista PwC

En las próximas semanas el fiscal José Morales solicitará la audiencia para hacer las primeras formalizaciones del caso. En tanto, la SVS seguiría avanzando en otra investigación, esta vez a la auditora PwC por su participación en el caso.

Crédito: A. UNO
Caso Cascadas: el nuevo golpe ad portas de la formalización y la arista PwC

El “Caso Cascadas” podría reactivarse en las próximas semanas, esta vez desde la arista penal, la cual ha ido avanzando tras la formulación de multas por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Alberto Le Blanc, Larrain Vial, Banchile Corredores de Bolsa, Cristián Araya, Linzor Asset Management - hoy CHL Asset Managment Chile- y Canio Corbo Atria.

En los próximos días, se prevé que el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, solicite la audiencia para hacer las primeras formalizaciones del bullado caso.

¿A quiénes implicaría esta nueva etapa? Según cercanos al proceso, el fiscal haría las primeras formalizaciones de la investigación por la denominada “falsificación de las actas”. Se prevé que una de las formalizadas sería la abogada secretaria de actas Claudia Morales, por el delito de falsificación de instrumento privado. El otro imputado sería alguien del círculo de hierro de Julio Ponce.

¿Qué pasará con el esquema?

Según quienes están observando y participando del caso en lo penal, la causa podría concentrarse sólo en algunas operaciones como en el denominado caso Linzor, que fue sancionado el pasado 30 de octubre, luego que la SVS, aplicara multas a Banchile Corredores de Bolsa; a su ex gerente de inversiones, Cristián Araya Fernández; a Linzor Asset Management –hoy CHL Asset Management Chile-, y a su representante legal, Canio Corbo Atria por operaciones realizadas en acciones SQM-A en marzo de 2011. La otra arista sería la falsificación de las actas.

¿Qué es lo que cambió hoy en el caso?, principalmente en la forma en que el fiscal Morales está pidiendo información. Según abogados, es distinta de la manera en la que la recababa la SVS, en el sentido de que el fiscal va a mirar todas las operaciones de todos quienes participaron en ellas, no sólo de las personas sobre las que formuló cargos la SVS.

Según abogados, el hecho de que Morales investigue operaciones aisladas, podría echar por tierra la teoría del esquema de la SVS si sólo escoge 3 o 4 operaciones. “Podría usar figuras penales como transacción ficticia, pero no que tiene un mecanismo fraudulento”, explican las fuentes consultadas. Sin embargo, hay quienes creen que la falsificación de las actas sí daría espacio para que se configure una figura mayor que podría validar el esquema, aunque poder probar una figura de asociación ilícita es muy complicado.

Según cercanos a la investigación, el fiscal Morales ve que su causa principal es muy complicada, ya que comprobar la existencia de un esquema es difícil, dado que se necesitan pruebas que lo acrediten, ya que los estándares bajo los cuales se mueve la justicia penal.

Si bien esto no ha sido comunicado oficialmente por parte de la Fiscalía, se ha comentado a todos los abogados a lo largo de este tiempo. Por tanto, donde sí el fiscal podría tener “un poco más de carne” y usar el delito de transacción ficticia, es con la operación Linzor, “ya que se podría decir que formalmente no es una venta por el sentido de traspasar la propiedad, sino que es una operación que tenía por objeto valorizar el valor de un activo”, explican abogados cercanos al caso.

Según las mismas fuentes, aquí el caso podría derivar en algo más grande, ya que la investigación podría dejar en evidencia que este tipo de actos lo hacen varias de las corredoras de la plaza.

La defensa de Ponce ante la SVS, cuando estaba a cargo de Raimundo Labarca, intentó hacer esto y mostrar otras operaciones similares. Sin embargo, no lo pudo lograr ante la imposibilidad de tener acceso a la información por parte de la SVS, que argumentó que no podía entregar dicha información porque estaba protegiendo la privacidad.

La defensa de Ponce estaría atenta a la información que pueda conseguir cuando Morales tenga acceso a todas las transacciones, ya que apuestan a que les servirá para probar que hubo muchas otras personas e instituciones que participaron en las transacciones cuestionadas y que no fueron incluidas en la resolución de la SVS.

Por tanto, la esperanza la tienen puesta en ese cúmulo de información solicitado en las últimas diligencias. La Fiscalía ofició a todas las corredoras de bolsa para que expliquen cómo opera el mercado de capitales en relación con las operaciones que han sido cuestionadas por la SVS.

PWC a dos bandas: penal y civil

La nueva etapa que se abre también consideraría a un nuevo actor: PwC. Según explican abogados cercanos al caso, la auditora estaría entre dos fuegos. Por un lado está la arista penal, específicamente en lo que se refiere a la falsificación de las actas. La firma habría extraído la versión no cuestionada (la que no incluye el párrafo cuestionado por directores) de las actas en que se aprobó la venta de acciones de Pampa Calichera en SQM, las cuales luego fueron compradas por Oro Blanco, generando una utilidad contable de US$ 275 millones.

El otro frente que deberá enfrentar la compañía es el administrativo, ya que la SVS estaría también investigando su actuación en el Caso Cascadas, específicamente en la operación anteriormente descrita, la cual PwC aprobó como auditor, luego que el anterior asesor EY se negara a hacerlo, lo que gatilló el fin del contrato de esta última auditora.

Ante ello, lo que PwC alegaría es que EY se habría equivocado en la interpretación de dichas operaciones y que ellos, bajo su criterio, consideran que fueron válidas.

El problema es que la SVS ya se pronunció sobre ese tema, cuando hace más de un año ordenó a las sociedades cascadas “reversar” US$235 millones de utilidades, suspendiendo además las juntas de accionistas donde se aprobaría el reparto de dividendos por US$326,4 millones, aprovechando de paso cuestionar la forma de contabilizar en los resultados de 2011 la compra y venta de acciones hechas ese año, precisamente lo que para PwC no implicó mayor cuestionamiento.

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