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ChileCompra lanza a consulta pública código de ética para proveedores del Estado

El proceso que se encuentra abierto hasta el 29 de diciembre tiene como objetivo evitar los actos de corrupción en el sistema de compras públicas.

ChileCompra lanza a consulta pública código de ética para proveedores del Estado

ChileCompra lanzó a consulta pública el código de ética para los más de 123 mil proveedores del Estado, cuyo objetivo es evitar la corrupción en el sistema.

"en este código recogemos en forma práctica y concreta las obligaciones y normas éticas que deben cumplir los proveedores que venden sus productos y servicios al Estado, recogiendo las mejores prácticas internacionales al respecto. Frente a una irregularidad suelen existir dos involucrados. Por ello, creemos que el proveedor debe tener un rol activo en la lucha contra la corrupción: debe conocer sus derechos y deberes; debe respetarlos y no realizar irregularidades y también debe denunciar si detecta prácticas corruptas o sospechosas", dijo Trinidad Inostroza, directora del organismo.

La iniciativa se presentó este 12 de diciembre en una actividad de “Conversatorio: Hacia mejores estándares de probidad en los proveedores del Estado” que reunió a representantes de instituciones relacionadas con el combate a la corrupción, ONGs, gremios y de la sociedad civil.

Ahí se analizaron recomendaciones basadas en diagnósticos efectuados por Chile Transparente en torno a los estándares de probidad en los proveedores del Estado, en función de experiencias internacionales y levantamientos de percepción. Por su parte, la directora de ChileCompra dio a conocer de los avances y desafíos en relación a la integridad en proveedores del Estado.

La consulta pública del código de ética para proveedores en compras públicas está disponible en www.chilecompra.cl. La consulta estará abierta hasta el 29 de diciembre.

Este es el decálogo de ética en compras públicas para proveedores del Estado:

Recomendaciones transversales, aplicables a todas las etapas de la adquisición: 

1.- Los proveedores del Estado deben asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción, lo que se traduce en lo siguiente:

  • No lo haga: los proveedores deben conocer sus derechos y obligaciones como proveedores del Estado y respetarlos.
  • No lo tolere: los proveedores deben denunciar las prácticas corruptas.

2.- Los proveedores deben respetar los derechos humanos (asegurando que la cadena de producción se encuentre libre de trabajo infantil, de conductas discriminatorias y deben cumplir las obligaciones laborales para con sus trabajadores dependientes).

3.- Los proveedores deben inhibirse de contratar u ofrecer contratar a funcionarios públicos que estén involucrados en los procedimientos de compra en los que participen dichos proveedores. 

4.- Los proveedores deben cumplir con sus compromisos asumidos en los pactos de integridad contenidos en las respectivas bases de licitación.

5.- Los proveedores del Estado debieran implementar programas que mitiguen riesgos de corrupción y aseguren buenas prácticas.

Recomendaciones aplicables durante el procedimiento de adquisición:  

6.- Una vez publicadas las bases de licitación, los interesados en ofertar deben constatar que no existan situaciones que puedan generar potenciales conflictos de interés (parentescos por consaguinidad o afinidad entre el proveedor y funcionarios, por ejemplo).

7.- Los proveedores deben abstenerse de ejercer influencia o presiones indebidas sobre funcionarios o autoridades de la entidad licitante (no procede que un proveedor se aproveche de un vínculo o cercanía con un funcionario o autoridad pública).

8.- Los proveedores no pueden ofrecer, prometer o entregar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza a las autoridades o funcionario de la entidad licitante. 

9.- Los oferentes no pueden tener ningún tipo de contacto con los funcionarios de la entidad compradora durante la etapa de evaluación, ni entregar en sus ofertas documentación falsa o adulterada.

10.- Los proveedores no deben realizar ninguna conducta que atente contra la libre competencia.

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