En los años 90 se habría formado un cártel automotriz en Alemania, conformado por las principales marcas fabricantes de automóviles. En dicha asociación, por cierto ilegal, se habrían llegado a acuerdos sobre proveedores, precios, tecnología y costos de fabricación. La denuncia fue dada a conocer por el prestigioso semanario germano, "Der Spiegel”.
En la publicación se detalla que el foco del escándalo se encuentra los gigantes automotores Volkswagen, Audi, Porsche, BMW y Daimler, cuyos representantes se reunían en grupos de trabajo secretos para llegar a acuerdos sobre desarrollos tecnológicos, costos y proveedores, según indica un escrito enviado por Volkswagen a la competencia, papel que habría destapado el entramado de la colusión.
La denuncia vuelve a empañar a la empresa automotriz alemana, a dos años del escándalo de manipulación de emisiones de gases efectuado por Volkswagen en unos 11 millones de coches en todo el mundo. Por el momento, Volkswagen ha declinado hacer declaraciones, al tiempo que Daimler y BMW califican las acusaciones de "especulaciones". El Tribunal de Defensa de la Competencia, con sede en Bonn, así como la Comisión Europea, la mayor autoridad del ramo en el bloque, también guardan silencio.
"Der Spiegel" indicó uno de los acuerdos a los que llegaban los cinco fabricantes alemanes se refiere al sistema de emisión de gases en vehículos diesel. Según los datos publicados en el semanario, las empresas habrían acordado incluso qué tamaño deberían tener los tanques de AdBlue, que se utiliza para reducir emisiones de óxidos de nitrógeno, cuestión que podría esconder el origen del escándalo que en 2015 tuvo a Volkswagen en el ojo del huracán.
Los carteles son contrarios al Derecho de competencia de la Unión Europea (UE) y la Comisión Europea (CE) impone multas importantes a las empresas implicadas en ellos. Al ser ilegales, los carteles de colusión suelen mantenerse en secreto y resulta difícil demostrar su existencia.
La Comisión aplica una "política de clemencia" que anima a las empresas a facilitar pruebas internas de este tipo de acuerdos, ya que la primera empresa en hacerlo evita ser sancionada.
