El gobierno de Michelle Bachelet trabaja en la redacción de una nueva legislación que apunta a flexibilizar Ley Reservada del Cobre, sistema de aporte que obliga a Codelco, a destinar cada año el 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Según los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), informados por La Tercera, en los últimos 15 años la minera estatal entregó US$ 13.391 millones para el financiamiento de compras militares.
El plan del Ejecutivo es presentar un proyecto de ley durante el primer semestre de 2016, adecuando dicha legislación al nuevo panorama de mediano y largo plazo que se advierte para la producción, oferta y demanda de cobre.
Esta idea surge además, como una respuesta a la reciente polémica que desató la posible malversación de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre al interior del Ejército. Este caso es actualmente investigado por el Ministerio Público y la Justicia Militar.
También, se espera que este proyecto cambie el modo en que la actual ley reservada restringe significativamente el manejo financiero de la estatal, perjudicando la obtención de mejores descuentos en el mercado estadounidense en las emisiones de deuda de la minera.
Esto, tomando en cuenta el impacto que tiene el cobre en las arcas fiscales, pues se estima que por cada centavo de dólar en el precio del cobre, el Fisco recibe ingresos extras por US$ 40 millones a US$ 50 millones al año. Por lo mismo, el ciclo actual de bajos precios del mineral ha mermado los ingresos del Estado.
