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Las tres aristas que la Fiscalía baraja para una eventual formalización de Julio Ponce

El fiscal Andrés Montes consiguió 4 meses más para analizar nueva información del controlador de las cascadas. Son al menos 3 puntos que se investigan para eventualmente formalizarlo.

Crédito: Agencia Uno
Las tres aristas que la Fiscalía baraja para una eventual formalización de Julio Ponce

A mediados de julio, la fiscal Tania Sironvalle abrió una puerta que muchos creían impensada en el marco de la investigación del caso Cascada: la posible formalización del controlador de las sociedades, Julio Ponce Lerou.

Tras una audiencia en el marco de la investigación, la persecutora señaló que no descartaba que el controlador de SQM fuera el próximo formalizado. Pese a que los dichos entusiasmaron a los querellantes de la causa, de todas maneras fueron mirados con escepticismo.

Cercanos a la investigación aseguran que no será una tarea fácil incluir a Ponce entre los formalizados, aunque de todas formas hay tres elementos que se analizan y por los cuales la fiscalía podría llegar a ese punto.

A esto suman los nuevos antecedentes que se han ido recopilando en la investigación liderada por el fiscal Andrés Montes, quien ha realizado nuevas diligencias: ha tomado testimonio al entorno cercano de Ponce, ha pedido información al Servicio de Impuestos Internos, pidió el levantamiento del secreto bancario y acumulado datos relevantes de millonarias transacciones que serán analizadas por peritos forenses para encontrar vínculos que puedan convertirse en el hilo que puedan llevar a la eventual  formalización de Ponce.

Los frentes que se abren

Se puede resumir en tres los frentes que podrían permitir a la fiscalía formalizar a Julio Ponce. El primero, es que en el marco de la indagatoria por la falsificación de actas del directorio se le incluya como inductor del delito, ya que es poco probable que se pruebe la participación directa en el hecho. “Podrían analizar los mismos delitos que han sido objeto de investigación y se investigue quién más ha participado”, asegura un cercano a la investigación.

Una segunda alternativa que se analizaría es incluirlo en la arista de la denominada “operación Linzor”. Esta operación es la que se realizó el 29 de marzo de 2011, cuando Pampa Calichera, a través de su filial Global Mining, vendió 5 millones de acciones SQM-A, en dos horas por medio de 22 Operaciones Directas (OD) con difusión de tres minutos. Con esta operación bursátil recaudó un total de US$ 282 millones.

El comprador fue Linzor TRF, operador que los transfirió a Oro Blanco en otras 22 OD que comenzaron exactamente 3 minutos después de que se diera el pitazo inicial a la venta de Global Mining.

La SVS acusó a Linzor de actuar de “puente” entre Calichera y Oro Blanco para registrar las utilidades. Y le impidió contabilizarlas. Esta fue la primera vez que la entidad indagaba con tanta fuerza las sociedades cascadas y el inicio de lo que se denominó “el caso cascadas”.

En esta arista, la fiscalía podría tomar la misma acusación de la SVS, de que el controlador de las cascadas utilizó puentes falsos para generar utilidades. No obstante, indican, este sería el escenario menos probable de los que se baraja, debido a que podría alegarse que quienes participaron en las operaciones, pudieron haberlo hecho sin estar concertados con el grupo de Ponce, sino que sólo por comprar y vender rápido una misma posición.

El punto más débil para Ponce

La última de las opciones sería la más factible para una eventual formalización. La fiscalía podría acusar a Ponce Lerou por operaciones bursátiles que generaron enriquecimiento personal y empobrecimiento de las Cascadas.

Esta alternativa se abrió luego de la última audiencia de reformalización del ex gerente general de las cascadas, Aldo Motta –quien precisamente está acusado del delito de falsificación de las actas de directorio de las empresas Oro Blanco y Pampa Calichera-, instancia en que el tribunal amplió el plazo de investigación del Ministerio Público y donde además, se incluyó otra operación como parte de la investigación, realizada el mismo día que la operación Linzor.

Se trata de una transacción en que Oro Blanco vendió 163 millones de acciones de Calichera A, de las cuales más del 70% fueron adquiridas por Inversiones SQ, sociedad  controlada por Julio Ponce, matriz de Norte Grande y el resto de las cascadas. Luego de dicha compra, y meses más tarde, en noviembre de 2011, Julio Ponce, a través de Inversiones SQ y Norte Grande, vendió a otra Cascada, nacida pocos meses atrás de la división de Pampa Calichera: Potasios. Dicha venta fue con un sobre precio importante para Potasios. Además, el Controlador (Ponce Lerou), a través de Inversiones SQ, financió dicha compra con un préstamo a Potasios, o sea el mismo vendedor de las acciones le otorgó un préstamo para pagar la compra de dichas acciones.  

El 4 de agosto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar en cuatro meses el plazo de investigación, determinación que se explica por nuevas diligencias que consistirían en la revisión de correos y cuentas bancarias del controlador de las empresas, Julio Ponce Lerou, según informó en la instancia el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

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