Este lunes Puerto Rico cayó en default por primera vez en su historia al no honrar una parte de su deuda de 73.000 millones de dólares, lo que hundió aún más a la isla en una grave crisis económica.
El estado libre asociado a Estados Unidos debía desembolsar este lunes unos 58 millones de dólares de una deuda contraída por una agencia gubernamental, pero sólo pagó una ínfima parte, anunció la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (Central), Melba Acosta.
"Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales", indicó Acosta en un comunicado.
El impago a la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, siglas en inglés) dejó en peor posición a Puerto Rico, la isla caribeña de 3,5 millones de habitantes asfixiada por falta de liquidez tras ocho años de recesión.
"Moody's considera este hecho como un default" dijo en un comunicado Emily Raimes de esa agencia de calificación. "Este es el primero de lo que creemos serán extensos defaults" de Puerto Rico, señaló.
La deuda impaga impacta principalmente a acreedores puertorriqueños. En particular, a cooperativas de crédito y ahorro, por lo que Fitch Ratings aseguró que la decisión no afectará de manera inmediata la calificación del crédito del gobierno de Puerto Rico.
Medidas para salir de la crisis
El gobernador de Puerto Rico, Alberto García Padilla, había advertido a finales de junio que la gran deuda de la isla es "impagable" y encomendó a un equipo preparar un plan de reestructuración para escapar del "círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos", que debe ser presentado a fines de mes.
García Padilla ha pedido más sacrificios a todos los sectores de la isla, sumida en una grave crisis que ha golpeado con dureza a la población, un desempleo en 12,4%, más del doble del 5,3% en Estados Unidos continental, y una masiva migración que reduce la base impositiva.
El gobierno de Puerto Rico aboga por que Washington modifique la ley estadounidense de quiebras que le permita al estado libre asociado declararse en bancarrota, como lo hicieron en el pasado ciudades estadounidenses como Detroit, algo que en la actualidad le está prohibido.
