El terremoto de 7.6 Richter en Melinka obligó a suspender la habitual reunión de los lunes del comité político de La Moneda con los partidos de la Nueva Mayoría. En la cita se esperaba que el oficialismo diera a conocer su postura al Gobierno sobre el debate que se reabrió con fuerza en los últimos días, acerca de otorgar beneficios carcelarios a los condenados por causas de derechos humanos que padezcan enfermedades terminales.
Una primera propuesta la había lanzado el ministro de Justicia, Jaime Campos, el pasado 11 de diciembre. En entrevista en El Mercurio, abrió el debate en torno a entregar beneficios carcelarios. Sin distinguir entre los casos de los condenados por casos de DD.HH. y otros delitos, el secretario de Estado afirmó que “me parece obvio que los enfermos terminales o las personas que padezcan enfermedades graves, invalidantes, complejas, salgan”. "No estoy pensando en los de Punta Peuco, estoy pensando en general", dijo Campos en esa ocasión.
La discusión fue la antesala de un inédito momento el pasado viernes, cuando ocho reclusos que se encuentran detenidos en Punta Peuco pidieron perdón en un acto ecuménico. La lista incluyó, entre otros, al ex subdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann; al mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera (condenado por el crimen de Tucapel Jiménez); Miguel Estay, "El Fanta" (condenado por el caso Degollados) y Claudio Salazar, "El Pegaso", condenado por la misma causa.
En este escenario, en el oficialismo se reabrió la discusión entre los partidos de la Nueva Mayoría, donde el ala izquierda del bloque coincide en negar cualquier tipo de beneficios a reos condenados por causas de derechos humanos, como la posibilidad de dejar la cárcel por padecer una enfermedad terminal.
Este martes, la Presidenta Michelle Bachelet señaló en entrevista en radio Sonar que aún no tiene una "opinión definitiva" sobre si entregar o no beneficios a reos con enfermedades terminales, porque, según explicó, “me tocó personas que pidieron ser liberadas y pedí la ficha clínica. Como soy médico leí la ficha clínica y me di cuenta que no estaba terminal”.
Acerca del perdón de los reos de Punta Peuco, la Presidenta planteó que "están en su legítimo derecho de arrepentirse, pero el arrepentimiento no basta, porque las familias necesitan verdad".
Mientras La Moneda define su postura, en la Nueva Mayoría comenzaron a perfilarse distintas posiciones. Mientras el bloque PS-PPD se niega a concederlos, en la DC hay quienes se abren a evaluar medidas especiales, beneficiando incluso a quienes cumplen condenas por delitos relativos a los DD.HH.
DC evalúa caso a caso
La Democracia Cristiana aún no se reúne para resolver su postura sobre la materia. Sin embargo, algunos dirigentes no se cierran a la posibilidad de conceder beneficios a reos condenados por casos de derechos humanos.
El diputado Fuad Chahín, por ejemplo, planteó que “hay que estudiarlo caso a caso. Si efectivamente hay una persona con una enfermedad realmente terminal, y que está avanzada, naturalmente la justicia no puede transformarse en una cuestión absolutamente inhumana”.
A juicio del parlamentario, “en casos absolutamente excepcionalísimos, y de acuerdo a nuestro ordenamiento, se debiera poder entregar un beneficio carcelario a esas personas, independiente del delito por el cual estén privados de libertad”.
Por su parte, el ex timonel de la falange, Gutenberg Martínez –uno de los dirigentes más influyentes del partido- entró a la discusión este martes. “Lo que dice relación con presos de cualquier categoría que estén en una situación terminal en materia de su vida creo que ahí debe haber una consideración, a mi juicio, especial en cuanto a cambiar la detención a cumplirlo en un arresto o detención domiciliaria”, dijo en Radio Cooperativa.
Además, los diputados Ricardo Rincón y Jorge Sabag presentaron un proyecto de ley hace dos semanas, junto a parlamentarios de RN, para permitir el cumplimiento de la pena fuera de la cárcel a reos con enfermidad terminal.
En la DC hay otros personeros que en meses anteriores han marcado una postura favorable a entregar estos beneficios. Es el caso de los senadores Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta, quienes firmaron un proyecto de acuerdo que fue aprobado por la sala de la Cámara Alta el 21 de junio pasado, en que propusieron cambiar las penas a reos -sin distinción de ningún tipo- que padezcan enfermedades terminales avanzadas.
PS prepara documento
La tarde del lunes, la comisión política del Partido Socialista recibió a la designada subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes. En la sesión se abordó el tema, donde el PS rechazó conceder beneficios a condenados por ese tipo de delitos.
La comisión política encargó al secretario general de la colectividad, Pablo Velozo, y al presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto, elaborar un documento que se votará el próximo 3 de enero con la postura institucional del partido.
En la cita también hubo críticas a los dichos del ministro de Justicia, Jaime Campos.
PPD: “No hay espacio para beneficios”
En el PPD, en tanto, también genera rechazo la idea. El presidente del partido, Gonzalo Navarrete, dijo este lunes que “en este tipo de delitos que están suficientemente comprobados no hay espacio para beneficios carcelarios”.
Navarrete, aclaró, sin embargo que “sí debe haber espacio para que personas tengan trato digno en su enfermedad”, aludiendo a que el Estado debe garantizar los cuidados en casos de enfermedades terminales o graves.
Uno de los integrantes de la bancada de diputados PPD es Tucapel Jiménez, cuyo padre homónimo y dirigente sindical fue asesinado en 1982, caso por el que cumplen condenados varios implicados.
