A primera hora del miércoles el ministro de Justicia, Jaime Campos, intervenía en la comisión investigadora por los errores en el padrón electoral, cuando comenzó a revisar un documento que hasta entonces se desconocía. Se trataba de una auditoría al Registro Civil para detectar su grado de responsabilidad en la crisis que afectó al padrón electoral utilizado en las elecciones municipales de octubre del año pasado.
El informe realizado por la empresa MGI Hernán Espejo y Asociados Ltda., al que accedió T13.cl, fue entregado el 9 de enero pasado y busca -según dice su título- revisar "el proceso de registro, envío e intercambio masivo de información asociada a la modificación de domicilios electorales" entre el Registro Civil y el Servel.
A fines del año pasado, ambas instituciones se culpaban mutuamente por los problemas en el padrón, que se produjeron por la modificación arbitraria de domicilio electoral para cerca de 500 mil votantes, cuyas comunas de votación fueron cambiadas. Incluso, en algunos casos, a regiones distintas.
"El nivel de control interno del proceso evaluado se determina como 'insatisfactorio'", se lee en el informe, que estableció además que "el Registro Civil posee puntos críticos a nivel de Personas, Procesos y Tecnología para la generación y transferencia de información de actualización de domicilios electorales".
El texto agrega que "no existe evidencia de controles adecuados en la cadena de todo el proceso, lo cual aumentaría el nivel de riesgo y exposición a fallas".
Entre sus conclusiones, el informe sostiene que "se observó debilidad en la solicitud de actualización de domicilio electoral dentro de las oficinas visitadas".
Junto con ello, la auditoría destaca la inexistencia de un protocolo informativo sobre las etapas del procedimiento entre el Registro Civil y el Servel.
En este contexto, se recomienda un "rediseño general de principio a fin del proceso".
En todo caso, según la auditoría, de un total de 477.337 casos cuestionados por el Servel, un 52%, que corresponde a 247.840, "no es atribuible" al Registro Civil.
Previo a las elecciones municipales de octubre pasado, el Servel y el Registro Civil se enfrentaron públicamente por las responsabilidades en los errores del padrón electoral. El episodio de mayor tensión en la disputa fue cuando 10 días antes de las elecciones el Servicio Electoral, que dirige el DC Patricio Santamaría, responsabilizó directamente al organismo dependiente del Ministerio de Justicia y llevó los antecedentes del caso al Ministerio Público.
A esa altura la tensión también se había instalado en el oficialismo. La DC defendía al entonces director del Registro Civil, Luis Acevedo, hombre de sus filas, y dicha repartición desvirtuaba las cifras del Servel, que cuestionaba casi 480 mil casos. Para el Registro Civil los errores sólo afectaban a unas 17 mil personas.
Irregularidades persisten
Entre las acusaciones que lanzó a fines del año pasado el Servel al Registro Civil, una de ellas apuntó a que este último servicio incurrió en una "equivocada aplicación de la ley". Esto, aludiendo a que el Registro habría cambiado automáticamente el domicilio electoral al momento en que una persona modificaba su domicilio residencial, durante la realización de algún trámite como renovar cédula de identidad.
Según el Servel, el cambio de domicilio electoral es un acto voluntario, que debe quedar registrado en una declaración firmada en el Registro Civil.
Pese a la fuerte polémica del año pasado, la auditoría sostiene que aún existen errores en oficinas del Registro Civil en cuanto a cambios de domicilio electoral. "Se observó debilidad en la solicitud de actualización de domicilio electoral dentro de las oficinas visitadas", señala el informe.
Durante la auditoría, se realizó una visita de inspección en terreno el 28 de diciembre del año pasado, entre las 10:00 y 13:00 horas a tres oficinas del servicio: Providencia, Cerrillos e Independencia. En esta última oficina la diligencia se realizó sin previo aviso y fue justamente en esa -una de las con mayor afluencia, según detalla el mismo informe- donde se detectó que persisten errores en los procedimientos.
En la inspección se seleccionó a personas que fueran a renovar pasaporte o cédula de identidad y el ejercicio implicó cinco acciones para determinar si se cumplía con los protocolos.
Así, se midió si cada una de las tres oficinas elegidas cumplía con consultar al ciudadano si se desea actualizar el domicilio electoral, si el funcionario que atiende realiza la acción para modificar e ingresar manualmente la dirección actualizada, si imprime la papeleta y el ciudadano la firma y si el funcionario hace entrega de una copia de la papeleta al usuario y almacenó ésta.
El resultado arrojó que las oficinas de Providencia y Cerrillos se ajustaron al procedimiento, mientras que en Independencia ello no ocurrió.
La conclusión de la auditoría plantea que en las oficinas de Independencia "no se conoce correctamente el procedimiento".
