"Quiero expresar mi absoluto y total rechazo a cualquier forma de colusión que afecte a las familias chilenas".
Con estas palabras reaccionó la Presidenta Michelle Bachelet luego que este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde se acusa una colusión destinada a fijar, por medio de sus proveedores, los precios de venta para la carne fresca en supermercados entre los años 2018 y 2011.
El requerimiento señala que la investigación deriva del llamado “caso Pollos” que involucra a los principales proveedores de los supermercados -Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, junto con la Asociación de Productores Avícolas de Chile-.
Estos mismos proveedores habrían tenido un rol fundamental en este nuevo caso, esta vez como intermediarios, pues habrían gestionado la regularización de los precios de venta al público, pudiendo incluso castigar –en términos de abastecimiento- a las cadenas que no cumplieran.
En este contexto, hoy la Presidenta hizo un llamado al Congreso a aprobar con celeridad el proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes realicen este tipo de prácticas, elevando las multas y fijando penas de cárcel.
