Pablo Cádiz y Lorena Ferraro
La Comisión Investigadora del Caso Caval logró consensuar un informe de las conclusiones de la instancia en torno a eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en la polémica compra y venta de tres terrenos en Machalí, por parte de la firma controlada en un 50% por Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta tarde el informe se aprobó por unanimidad, para que sea presentado a la Sala de la Cámara. Los parlamentarios apuntan a que se revise antes del 29 de enero, cuando se realicen las primeras formalizaciones del caso.
La piedra de tope en la sesión fue la intención de la oposición de mencionar a la Presidenta Michelle Bachelet en el informe. En concreto, un reproche por no haber removido al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
Mientras desde la Nueva Mayoría señalan que Riquelme administrativamente no dependía de Bachelet, el diputado Felipe Ward señaló que "quien toma la decisión política de mantener a esa persona, es la Presidenta, si hay una decisión política de mantener a una persona cuestionada".
Finalmente, se acordó la siguiente redacción, que opta por reprochar al Gobierno y no a la Presidenta como tal: "Cabe hacer presente que hasta el dia de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de administración de La Moneda, Cristián Riquelme, quien todavia sigue en el cargo pese a lo señalado previamente, ni se ha instruido proceso disciplinario alguno al respecto".
Los otros puntos del informe
1) Crítica al rol de Caval: Se plantea que la firma "más que ser una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era mas bien una suerte de empresa de Lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas".
"Además, dichas actividades relacionales crearon el ambiente ideal para generar, dados los vínculos de Caval, posibles escenarios de tráficos de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones hoy investigados por la Justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que sólo se pudieron franquear al estar en el entorno cercano de quien a la postre sería la Presidenta de la Republica", plante el texto al que accedió T13.
En este contexto se plantea la "urgencia de poner cortafuegos y marcos regulatorios que en lo sucesivo impidan y prevengan abusos de poder como los cometidos por esta persona jurídica y sus integrantes".
2) Cuestionamientos a Dávalos y Compagnon: Los parlamentarios plantean que "resulta fundamental para esta Comisión clarificar que conductas de abuso de poder – como estas ya sea que se detenten por una condición de facto como en virtud del ejercicio de un cargo público, no son aceptables en un Estado de Derecho, igualitario y democrático"
Por otro lado señalan que "habiendo tenido la oportunidad de poder explicar ante la Comisión Investigadora su desempeño y actuar en este caso, el Sr. Valero, la Sra. Compagnon ni el Sr. Dávalos comparecieron a efecto de clarificar los procedimientos utilizados y las justificación de los mismos, habiéndoseles despachado debidamente la correspondiente invitación, perdiendo con ello la oportunidad de conocer su verdad sobre estos puntos, restándose en consecuencia de una colaboración oportuna y eficaz en el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación".
3) Piden fin de la dirección sociocultural: Plantean que la dirección sociocultura, como hoy se conoce, "no se condice con los tiempos actuales de la administración del aparato estatal la existencia de estas fundaciones y corporaciones, que en la mayor de la veces replican responsabilidades y actividades desarrolladas por otros órganos del Estado, cuyos estándares de control, transparencia y eficiencia son mayores y más estrictos que en el caso del antecedente".
"Así , se recomienda la eliminación de esta entidad de coordinación de naturaleza “sui generis” radicada en la Moneda y se propone su reemplazo por la creación regular del rol de “Primera Dama” o acompañante de la o el Presidente de la República, sin calidad de funcionario público y como una figura mas bien de sola representación protocolar y sin gestión directa en la administración del Estado", plantean
4) Censura a Riquelme: El informe propone "reprochar el imprudente actuar" del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, quien reconoció haber recibido en La Moneda a Juan Díaz Sepúlveda.
"Cabe agregar que esta circunstancia no fue puesta en conocimientos de esta Comisión en la primera oportunidad en la que fue convocado, además de la ausencia de un reporte a sus jefaturas respecto de la realización de la mencionada audiencia con el Sr. Díaz, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad en el contexto de los hechos que han sido indagados, lo que hacen estimar, al menos, como inadecuada la permanencia del Sr. Riquelme como Director Administrativo de la Presidencia de la República, cargo que actualmente ejerce", plantea el informe.
