Un grupo de diputados de la DC ingresó un proyecto que busca incluir al fiscal nacional y los fiscales regionales dentro de las autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.
Se trata de una reforma constitucional, que surge en medio de la polémica por la revelación de una serie de reuniones que sostuvo el fiscal nacional Jorge Abbott, con parlamentarios. La última de ellas, para abordar la situación del senador Iván Moreira, investigado por el Caso Penta y quien finalmente accedió a una suspensión condicional del procedimiento.
“Creemos que a raíz de los hechos que hemos conocido durante los últimos días la ciudadanía se ha preguntado, ¿quién fiscaliza a los fiscales? Yo creo que esa es la repuesta que como legislador nosotros tenemos que darle a la ciudadanía y por eso creemos que la actual causal de remoción del artículo 89 de la constitución es demasiado estricta es inviable para casos como este. En ese sentido, la acusación constitucional es una medida de fiscalización y control más efectiva que podemos hacer desde el parlamento”, explicó el diputado Raúl Soto tras ingresar la propuesta de reforma a la Constitución.
La idea -explicó- es dejar "nivelado con las causales que están hoy día sujetas a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y al Contralor General de la República.”
El proyecto surge en paralelo a la ofensiva impulsada por el Frente Amplio, que busca presentar una solicitud de destitución contra Abbott. Si bien esta pretensión todavía no se concreta, ayer el diputado Tomás Hirsh aseguró que se trataba de una decisión que estaba "tomada" y que existían argumentos "más que suficientes" para ello.
