"La introducción de políticas públicas mediante la ley de presupuestos no constituye innovación, sino una reiterada practica legislativa".
Esta es una de las frases del informe de 118 páginas que ingresó el gobierno ante el Tribunal Constitucional, como parte de su defensa frente al escrito presentado por parlamentarios de la oposición para objetar la glosa de gratuidad 2016.
Implementar una política de beneficios en forma gradual lleva implícito el seleccionar. Ante recursos escasos, habrá quiénes lo perciban y otros que no. La manera racional de hacerlo es estableciendo prioridades
Los parlamentarios cuestionan que se fije una política de carácter permanente a través de la ley de presupuesto y califican de "arbitrarios" los criterios mediante los cuales se determinó qué estudiantes accederán al beneficio y cuáles no.
En este contexto, el gobierno sostiene que existen "numerosos precedentes", tras lo cual enumera un total de nueve casos, tres de ellos ejecutados durante el gobierno de Sebastián Piñera:
1) Ingreso ético familiar (2011): Se consigna que la medida se introdujo un año antes del envío de la ley 20.595, que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea el subsidio al empleo de la mujer.
2) Ley que crea el fondo concursable de apoyo directo al adulto mayor (2013): El texto consigna que el gobierno de Piñera implementó una política integral de envejecimiento positivo. Previo a ello, en la ley de presupuesto de 2013 incorporó tres asignaciones con sus respectivas glosas, las que regulan la forma de acceder a los recursos.
3) Becas de educación superior: Se sostiene que este mecanismo fue creado en 1991, a través del erario. Dicho mecanismo contemplaba el beneficio sólo para las universidades del Cruch.
El informe señala que si bien los montos han ido variando, hasta el día de hoy se mantiene un "porcentaje de recursos exclusivos para las instituciones del Cruch".
4) Becas de mantención para educación superior (Baes, Junaeb; En 2006): Se detalla que la glosa se mantiene anualmente y "delega en un reglamento los beneficiarios y sus requisitos, reservando un porcentaje de recursos en forma directa a universidades del Cruch".
5) Fondef (Conicyt, creado en 1992): El informe señala que la medida se mantiene hasta la actualidad "sin que exista una ley permanente que lo hyaa consagrado posteriormente".
6) Becas Chile (al exterior): Se creó en 2009, inicialmente como un programa de la Subsecretaría de Educación. Posteriormente se trasladó a Conicyt
7) Liceos Bicentenario de Excelencia (2011): Se detalla que la medida se introdujo a través de una glosa, para luego regularla vía reglamento.
8) Subvención para Prekínder (2001): En las glosas de presupuestarias se consagra la entrega de recursos a los municipios.
9) Glosas comunes de gobiernos regionales: El informe señala que la glosa 02, vinculada a programas de inversión de los gobiernos regionales, autoriza realizar actividades culturales, deportivas, del programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana y de rehabilitación de drogas que realicen municipalidades y otras entidades sin fines de lucro.
El gobierno sostienen que "mediante las glosas impugnadas podemos regular como se ejecutarán los recursos asociados a la gratuidad de la educación superior, lo cual, además, permite evaluar anualmente la evolución de las políticas públicas, dada su actual vigencia".
"Implementar una política de beneficios en forma gradual lleva implícito el seleccionar"
En cuanto a la presunta discriminación de la medida, el gobierno argumenta que la serie de mecanismos de financiamiento a la educación superior realizan distinciones según el tipo de universidad o institución. A modo de ejemplo, cita el caso de Fondo Solidario, que sólo financiaba parte del arancel en universidades del Consejo de Rectores. En cuanto a las becas el requisito es ingresar a tradicionales o acreditadas.
Respecto del financiamiento de las instituciones, el gobierno cita como principales mecanismos es Aporte Fiscal Directo (sólo para ues. del Cruch) y el Aporte Fiscal Indirecto (sin distinguir la pertenencia o no a este grupo).
Acto seguido, en el informe se señala que "implementar una política de beneficios en forma gradual lleva implícito el seleccionar".
Pueden tener la seguridad que desde marzo del 2016 más de 200 mil familias van a dejar de pagar por la educación superior de sus hijos e hijas
"Ante recursos escasos, habrá quiénes lo perciban y otros que no. La manera racional de hacerlo es estableciendo prioridades. Eso es lo que hace la glosa que impugnan los requirentes", agregan.
Luego de esto el gobierno defiende los requisitos solicitados a las universidades que no pertenecen al Cruch. Sobre la acreditación, se señala que "es el instrumento más fidedigno para demostrar que instituciones tienen procedimientos para mejorar la calidad". En cuanto a la prohibición de contar con sociedades relacionadas, se explica que lo que se busca es "asegurar el cumplimiento de la prohibición de lucro".
El requerimiento pretende dejar sin efecto los requisitos que deben cumplir dichas instituciones para ser financiadas, ampliando el espectro de instituciones más allá de lo propuesto por el Ejecutivo y más allá de lo aprobado por el Congreso Nacional
Otro de los argumentos del Gobierno apunta hacia los alcances del Tribunal Constitucional: "no puede vulnerarse la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia presupuestaria".
Esta frase apunta a uno de los argumentos de la oposición, desde donde señalan que, de acogerse el requerimiento, aumentará el número de alumnos beneficiados por la gratuidad.
Al respecto se señala que "no cabe aceptar que, mediante vías indirectas como el presente requerimiento, se vulnere la Constitución en esta materia. Efectivamente, en caso que se aceptasen las pretensiones de los requirentes y se modificaran las glosas impugnadas en dicho sentido, se habrían vulnerado todos los medios de control que, durante un siglo, se han construido en materia de presupuesto".
Además, el Ejecutivo hace hincapié en que "se trata de una norma de carácter especialísimo y de duración anual. No establece un régimen permanente de financiamiento, pues sus efectos cesan por el solo transcurso de un año".
"Así, el nuevo beneficio que se propone regirá durante todo el año 2016, no pudiendo exceder dicho periodo de vigencia", enfatizan.
Bachelet: "Pueden tener la seguridad que desde marzo de 2016 más de 200 mil familias van a dejar de pagar"
Este miércoles, en el marco de una actividad con enseñalanza básica, la Presidenta se refirió al litigio ante el TC por la gratuidad.
En este sentido, aseguró que la medida se va a cumplir: "pueden tener la seguridad que desde marzo del 2016 más de 200 mil familias van a dejar de pagar por la educación superior de sus hijos e hijas".
Este es el informe que envió el Gobierno al TC
