Pablo Cádiz y Manuel Saavedra
Cinco son los candidatos que siguen en carrera para liderar la fiscalía nacional: Se trata de Juan Enrique Vargas, José Morales, Luis Toledo, Raúl Guzmán y Jorge Abbott.
La quina llegará a la Presidenta Michelle Bachelet, quien deberá escoger a uno de ellos. El elegido deberá ser aprobado por dos tercios del Senado para poder reemplazar a Sabas Chahuán, quien deja el cargo el 30 de noviembre.
Se trata de una elección clave, pues quien sea electo deberá continuar las indagatorias y acusaciones en los casos Penta y SQM.
Junto a otros seis que quedaron fuera de la carrera, los miembros de la quina plantearon hoy sus énfasis y propuestas en caso de encabezar el Ministerio Público durante los próximos ocho años.
Vargas, Morales y Guzmán pusieron énfasis en la lucha contra el delito, mientras que Abbott recordó su rol en las indagatorias sobre irregularidades en uso de asignaciones parlamentarias, en 2009. Toledo -quien lideró el caso Caval- pidió reformular la relación del Ministerio Público con la prensa.
Juan Enrique Vargas: "Se debe luchar sin ambigüedades contra el delito"
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales planteó que "estamos en una situación crítica para el futuro de la institución. Creo que las decisiones que tomen ahora serán determinantes no sólo para el éxito del Ministerio Público, sino para la suerte del conjunto del sistema penal".
El académico expuso ante la Corte Suprema que "el 2009, el 35% tenía confianza en el ministerio público, en la última encuesta sólo la tiene el 11%".
Esta sensación de impunidad se explica por una categoría muy específica de delitos: los delitos contra la propiedad, de carácter violento
"Esta sensación de impunidad se explica por una categoría muy específica de delitos, en gran medida y me estoy refiriendo a los delitos contra la propiedad, de carácter violento. Estos delitos son una proporción relativamente menor del flujo de casos que ingresan en el sistema, aproximadamente un 8%. El problema es que en el 80% estos casos son sin imputado conocido y, el sistema ha funcionado más bien en el caso de la flagrancia", dijo.
Para Vargas, es clave el trabajo con las policías y la entrega de información por parte de las víctimas en el combate de estos delitos.
Finalmente el abogado hizo un llamado a luchar "sin ambigüedades" contra el delito.
José Morales: "Nuestro sistema debe terminar con el caso policialmente resuelto y avanzar al caso judicialmente resuelto"
Morales es fiscal adjunto jefe de la fiscalía de alta complejidad de la zona Centro Norte. Es Licenciado en derechos, U. Central. Docente en U. Central, UC y en academia de entrenamiento de fiscales del Ministerio Público. Ha sido fiscal adjunto en Los Vilos y Colina desde 2005.
Estoy consciente que tenemos falencias y que hoy la comunidad no está plenamente conforme con el desempeño de nuestra institución
En su exposición planteó que "no cabe duda que el sistema de enjuiciamiento criminal ha tenido avances positivos. Transitamos desde un sistema inquisitivo hacia una justicia transparente, que respeta plenamente los derechos de víctimas, de testigos y de imputados, y que ha acortado considerablemente el tiempo de tramitación de las causas".
Sin embargo, planteó que "estoy consciente que tenemos falencias y que hoy la comunidad no está plenamente conforme con el desempeño de nuestra institución".
Morales sostuvo que "es necesario un mejor manejo de casos. Fortalecer la coordinación institucional. La autonomía del Ministerio Público no debe significar un aislamiento. Debemos mejorar la coordinación con el poder judicial, para dar mejor servicio a las personas”.
Uno de los temas en que se debe avanzar a su juicio es "modernizar el sistema de información de causas, porque es una de las bases más completas. Pero es obsoleta, es ciega y no tiene reformas desde el año 2000".
Por otro lado manifestó que se requiere "cambiar los paradigmas de investigación: debemos ir más allá, las organizaciones no terminan en el delito, debemos atacar los mercados negros".
Jorge Abbott recuerda investigación por asignaciones parlamentarias
Actualmente Abbott se desempeña como director ejecutivo nacional del Ministerio Público. Abogado y licenciado en Derecho en la UC de Valparaíso. Ha ejercido la docencia en la U. Central.
"Postulo a este cargo en un momento bastante crítico de la institución que requiere profundo cambios para poder satisfacer las expectativas que la población tiene sobre el sistema procesal penal, y particularmente de la actuación del ministerio público", dijo.
Abbott -quien es mencionado como el más cercano a Sabas Chahuán- agregó que "creo tener una visión renovada de lo que debe ser el Ministerio Público y cuáles son los desafíos que debe enfrentar y creo tener la capacidad para liderar estos profundos cambios para liderar los cambios al interior de la institución y creo tenerlos a partir de la experiencia que he tenido en el servicio público en los últimos años.
Abbott recordó que durante 20 años lideró la Corporación de Asistencia Judicial, donde participó en la formulación de la reforma procesal penal.
Luego relató su paso por la jefatura de la fiscalía de Valparaíso entre 2002 y 2010, los que se caracterizaron "fundamentalmente por haber perseguido intensamente los delitos de corrupción, los delitos contra la propiedad y haber realizado investigaciones que tuvieron mucha importancia pública por las personas que se encontraban afectadas por las mismas".
"Desarrollamos investigaciones relativas al uso de las asignaciones parlamentarias por parte de los diputados, el uso de los programas de generación de empleo en campañas políticas, en fraude en el gobierno regional, etcétera", dijo
Abbott hace alusión a la indagatoria que tuvo como principales implicados a la diputada UDI Claudia Nogueira por presunto desvío de dineros destinados a sus asesores hacia su cuenta bancaria, y a Maximiano Errázuriz (RN) por presuntos contratos falsos de arriendo en sedes parlamentarias.
Desarrollamos investigaciones relativas al uso de las asignaciones parlamentarias por parte de los diputados, el uso de los programas de generación de empleo en campañas políticas
Por otro lado, Abbott coincidió con sus pares en que "hay una muy mala evaluación de la ciudadanía del actual sistema, y fundamentalmente ello dice relación con las investigaciones relativas a hechos en los cuales no existe un imputado conocido y respecto de los delitos contra la propiedad, que son los que están afectando a la comunidad internacional y hacen que la valoración del sistema sea bastante deficiente".
"Es verdad que en lo que dice relación con las investigaciones en los delitos a la propiedad con imputado desconocido la tasa de condenas es mínima, es menor a un 5% y ese es un dato que debemos necesariamente mejorar", sostuvo.
Finalmente, el fiscal reconoció que "tenemos una deuda enorme con las víctima, no hemos tenido la capacidad de interactuar adecuadamente con las víctimas".
Luis Toledo: "La exagerada publicidad puede afectar el debido proceso"
El fiscal jefe de la región de O'Higgins estuvo hasta hace algunas semanas a cargo de las indagatorias del Caso Caval.
Es licenciado en derecho y abogado de la U. Central. Actualmente es profesor en Universidad Finis Terrae.
El fiscal planteó cuatro desafíos: Uno de ellos, consolidar al Ministerio Público "como una sola voz dentro del sistema penal".
"La visión de una fiscalía fracturada, dividida, con distintas formas de actuación no contribuye a la necesaria credibilidad que demanda la ciudadanía. Por el contrario, da lugar a caudillismos inexplicables que sólo alimentan el ego de algunas personas pero que merman la confianza pública en la importante misión que realiza la fiscalía", dijo.
Es necesario abordar la relación de los fiscales con los medios de comunicación (...) La exagerada publicidad puede afectar el debido proceso
En este contexto planteó que se debe abordar la "relación de la fiscalía o los fiscales con los medios de comunicación: creo que es necesario abordar profesionalmente esto. Creo que es necesario cuidar de no crear expectativas desmesuradas en investigaciones que recién comienzan".
"Es necesario cuidar, dar un trato justo e igualitario a todos los intervinientes de la causa penal y sobre todo cuidar con celo y resguardo los antecedentes que se obtienen en una causa penal, porque claramente la exagerada publicidad puede afectar el debido proceso", agregó.
Otro de los desafíos que enumeró fue contar con una "persecución penal inteligente", es decir, el uso de información de causas en forma estratégica "y que se contrapone a la investigación de caso a caso".
A modo de ejemplo, sostuvo que detrás del robo de vehículos robados existe un mercado, que incluye también a quienes trafican o venden las partes de los vehículos robados.
"¿Qué sentido tiene investigar un determinado robo de vehículos sin hacer nada respecto de distribuidores, intermediadores, compradores y vendedores que están sosteniendo este mercado. Esta mirada integral nos obliga a coordinar los esfuerzos de la fiscalía con otras instituciones públicas, como policías, registro civil, SII para dar una respuesta integral", expresó.
Un tercer desafío, a juicio de Toledo, es acercar el trabajo de los fiscales y funcionarios a las víctimas y testigos de un delito.
A esto se suma tomar medidas para "confianza y coordinación", ante lo cual propuso crear metas para aumentar la confianza en el Ministerio Público.
Raúl Guzmán: "Se debe concentrar esfuerzos en persecución penal de reincidentes"
Guzmán es fiscal jefe de la zona metropolitana sur desde 2011. Licenciado en derecho y abogado de la U. de Chile. En 2005 ingresó al Ministerio Público.
El fiscal que pese a los logros desde la reforma procesal penal "existe una percepción negativa del quehacer del Ministerio Público debido a diversos factores, tales como la atención de la demanda de justicia penal, los resultados de algunas investigaciones, las dificultades del acceso de los usuarios a quienes dirigen las investigaciones y la escasa incidencia que tiene el sistema de persecución penal en la disminución de los índices delictuales y también en los aspectos relativos a la seguridad pública"
Guzmán planteó que la próxima administración debiera hacer una revisión de los procesos de trabajo y el enfoque institucional que se ha dado a la atención de usuarios.
"Hay que introducir cambios en los procesos y el enfoque, fundamentalmente por considerar los intereses y derechos de los usuarios, que normalmente pasan a un segundo orden. Esto debe traducirse en resultados efectivos y concretos", agregó.
El concepto de puerta giratoria, que todos sabemos que no existe, aún está vigente
Junto con esto propuso efectuar cambios en la estructura institucional, implementando una academia o centro de formación para fiscales y funcionarios.
Otro tema al que hizo mención fue "incrementar la velocidad de reacción en casos no flagrantes, pero graves", como aquellos donde la víctima cuenta con imágenes o datos que le han proporcionado testigos.
Junto con esto planteó que "en la futura administración estimo indispensable que se concentren los esfuerzos de la persecución penal en la persecución de reincidentes".
Finalmente, Guzmán hizo un llamado a contar con una relación más estrecha con las instituciones del país, como Fuerzas Policiales, gobierno y autoridades.
Las posturas de los que quedaron fuera
Dos de los candidatos que quedaron fuera de la carrea pidieron revisar la política comunicacional del Ministerio Público.
Rafael Mera planteó que "los fiscales tenemos que cultivar la virtud de la discreción y un perfil comunicacional sobrio, lo que no significa carecer de política comunicacional, no rechazar ataques injustos o negarnos a los legítimos requerimientos de información de los medios, pero debemos evitar todo debate que significa polémicas o entrar a debatir con los medios lo que ha de debatirse en estrado".
Sabemos que los delitos de corrupción no tienen la penalidad de los delitos más graves...hay que morigerar las expectativas
En esta misma línea, José Luis Pérez Calaf planteó que "la excesiva exposición va a provocar en la ciudadanía un ansia de que esto va a ser resuelto de una determinada manera".
"Sabemos que los delitos de corrupción no tienen la penalidad de los delitos más graves, por lo tanto muchos de estos casos terminarán no necesariamente terminarán con condenas o con condenas con prisión efectivas. Hay que morigerar las expectativas del Ministerio Público hacia la ciudadanía", dijo.
Pérez Calaf fue el único de los once candidatos que abordó explícitamente los casos Penta-SQM. Sobre esto, dijo que "en caso de ser designado asumiré personalmente esta investigación porque creo que debe mantenerse la absoluta independencia en este tipo de investigaciones, pero respetando el principio de la objetividad".
Se escucha del punto de vista de la política que Bolivia no ha ganado nada, y la verdad es que Bolivia ganó
Otra de las invervenciones que llamó la atención fue la de Iván Pavlov, quien criticó que "la gente ve que hay un robo de una camioneta de la hija de la ministra de Justicia y la pillan en menos de 24 horas".
"O sea, hay como una especie de seguimiento de causas mediáticas, en la medida que acredito que a la señora ministra de Justicia le recupero rápidamente la camioneta tapa la sensación que tiene la ciudadanía de su acceso a la justicia", dijo.
Incluso el abogado aludió al fallo de La Haya: "Siempre en ese sentido de que el pueblo debe estar debidamente informado se escucha del punto de vista de la política que Bolivia no ha ganado nada, y la verdad es que Bolivia ganó".
"Porque los que somos abogados sabemos que si se presenta una objeción de competencia. Si se hubiera ganado, se acaba el diferendo, pero aquí sigue. Claro, territorialmente es difícil que logren avanzar pero ahí hay una opinión de la ciudadanía que necesita ser debidamente informada", dijo.
