Polémica ha generado la resolución del 8º de Juzgado de Garantía que reabre las indagatorias del caso Penta -a pedido de la defensa de los imputados Lavín, Délano y Wagner- solicitando la realización de 50 nuevas diligencias incluyendo la declaración de los fiscales que llevaron la investigación, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, como testigos.
Este miércoles fue el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien se sumó a las críticas y advirtió de los efectos de la medida: "El fiscal si bien es interviniente, es un agente del Estado a quien se le encomienda una misión constitucional que es dirigir las investigaciones penales. En ese contexto no puede transformarse en testigo".
En caso de que los testimonios de Gajardo y Norambuena sean considerados en el juicio oral, los fiscales podrían quedar fuera de esta instancia. Sobre esto Guzmán advirtió que "podrían eventualmente inhabilitarse y eso sería nefasto. Podrían por este mecanismo quedar eventualmente todos los fiscales inhabilitados para llevar adelante investigaciones, sobre todo en etapas tan claves".
Las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín plantearon durante la audiencia la necesidad de que se les consulte respecto de las supuestas tratativas que habrían sostenido con los controladores de Penta, previo a que estos declararan. La defensa de los empresarios señala que los fiscales los habrían engañado, asegurando que se les habrían prometido no pedir prisión preventiva y penas muy bajas.
Luego de que el tribunal aprobara citar a los fiscales, el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra -jefe directo de Gajardo y Norambuena-, planteó que en el requerimiento "derechamente hay una maniobra destinada a tratar de sacar a los fiscales Gajardo y Norambuena de la investigación”.
El propio fiscal Carlos Gajardo ocupó su cuenta de Twitter para comentar el escenario y dijo adhirió al académico Cristián Riego -uno de los cultores de la reforma procesal penal- quien a su vez había dicho que la decisión "distorsiona todo el sistema".
